Hacer justicia

Andrea Rocha Granados

Abogada de la Universidad de los Andes e investigadora en derechos humanos

Vera Jarach espera tranquila el inicio de la audiencia en la que declarará como testigo. Esta vez no lleva puesto el pañuelo que la identifica como Madre de Plaza de Mayo, ya que el tribunal no permite que las personas utilicen símbolos o hagan manifestaciones de cualquier tipo.

Pero hay algo que Vera sí quiere mostrar: la foto de su hija Franca, quien tenía apenas 18 años cuando integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas la secuestraron en una calle de Buenos Aires. El hecho ocurrió el 25 de junio de 1976; hacía tres meses que había comenzado el régimen cívico militar más sangriento que se haya vivido en Argentina.

“Lo que ha sucedido una vez puede volver a ocurrir –dice Vera-. En mi historia, en la historia de mi vida, esto está demostrado. En 1943, mi abuelo fue deportado a Auschwitz. Después de muchos años, mi hija fue secuestrada y desaparecida. La verdad, la justicia y la memoria permiten reconocer los síntomas de repetición de los hechos. Por eso este juicio es, para mí, una garantía”.

Al igual que Vera, miles de familiares y víctimas han declarado en los juicios por crímenes de lesa humanidad que desde hace 10 años se llevan a cabo en Argentina.

Hasta la fecha, cerca de 3.000 personas (la mayoría integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, pero también empresarios, funcionarios judiciales y miembros de la iglesia católica) han sido acusadas por delitos como privación ilegítima de la libertad, torturas, violación o apropiación de menores.

En los 142 fallos que se han producido a junio de este año fueron condenadas 592 personas y 53 resultaron absueltas. Actualmente, 458 causas se encuentran en trámite en uno de los procesos de juzgamiento más grandes y complejos de América Latina.

Ese proceso ha sido atravesado desde sus inicios por momentos de gran fuerza simbólica, como el Juicio a las Juntas, y de impunidad, como la promulgación de las leyes de obediencia debida y punto final. En su larga trayectoria ha dependido de la voluntad política de todas las ramas del Poder Público y también de la voluntad popular; se ha nutrido de la lucha de varias generaciones, la de los padres y abuelos de las víctimas, la de los sobrevivientes, la de sus hijos y nietos; en momentos difíciles se las ha ingeniado con mecanismos como los juicios por la verdad y en su etapa de mayor esplendor se ha atrevido a desbordar los límites temporales, geográficos y de responsabilidades que lo encuadraban.

Aun teniendo en cuenta las diferencias de contexto y otras más que existen entre la historia y la actualidad de cada país, hay aspectos de la experiencia de Argentina que pueden ser relevantes para el proceso de juzgamiento que eventualmente podrá iniciarse en Colombia.

Ese aporte puede ir desde temas prácticos como:

• La forma de organización y monitoreo de las causas en la futura jurisdicción de paz y
• El rol procesal que tendrán las víctimas y querellantes en esos juicios

Hasta aspectos más profundos relacionados con:

• El acceso a información confidencial del Estado y
• La revisión tanto de la doctrina militar como de toda la legislación que de alguna manera haya alimentado el conflicto.

También puede aportar en los debates sobre qué hacer con las verdades que vayan surgiendo a medida que se produzca la prueba y cómo esas verdades deben contribuir a la democratización del Estado, de tal manera que el acto de hacer justicia se constituya, como lo dijo Vera Jarach, en una garantía de no repetición.