Función judicial, convivencia y estado de derecho

Mariela Vega de Herrera Abogada especialista en Derecho Administrativo marielavega70@hotmail.com

Lo mismo en el sofisticado pensamiento de teóricos y jurisconsultos que en el elemental sentido común, el concepto de Estado de Derecho va indisolublemente ligado a la existencia de una institucionalidad legítima, eficaz y eficiente como presupuesto sine qua non que garantice los bienes superiores de la convivencia, la prosperidad general y la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución.

Elemento esencial de esa institucionalidad es, sin duda alguna, la rama encargada de la función judicial, a la cual compete, en colaboración armónica con las demás autoridades, una contribución cardinal para el cumplimiento de los fines del Estado. En el marco autónomo de sus competencias debe decidir sobre los asuntos sometidos a su consideración, privilegiando el derecho sustancial con inquebrantable respeto por el debido proceso y con sujeción a los términos procesales, pues justicia que no es pronta y cumplida es apenas remedo de justicia.

Solo con su eficaz y adecuado desempeño pueden magistrados, jueces y fiscales aportar legitimidad y respetabilidad a la función judicial y con ello contribuir al buen éxito de la construcción de convivencia y de satisfacción del interés general.

Ocurre, infortunadamente, que en contravía del deber ser, el desprevenido examen de la gestión de la función judicial en los últimos años se traduce en constatación de alarmantes déficits de resultados: congestión, morosidad, ineficacia, impunidad son notas que caracterizan el momento actual de la justicia en Colombia.

Precario ha sido el aporte de los jueces a la satisfacción de necesidades referidas a la protección y reconocimiento de derechos como la seguridad social, las prestaciones laborales y la propiedad sobre la tierra para los desprotegidos, deficiencia que explica que nuestro país, entre 129 naciones, apenas sea superado por Haití y Angola cuando de desigualdad se trata y que el índice de desarrollo humano solo nos permita ocupar el puesto 87 entre esos 129 países; que Colombia se destaque por inequitativa, corresponde a la debilidad de sus instituciones y, por supuesto, a la ineficacia de sus aparatos de justicia, que se extiende al extremo de inutilizar el excepcional recurso de la acción de tutela, protector de los derechos fundamentales, ahora convertido en rey de burlas pues los reiterados desacatos reconocidos judicialmente ya no intranquilizan a los agentes estatales incumplidores del deber.

Que operadores de justicia tarden veinte años para reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado; que la Fiscalía evidencie sucesivos fracasos y permita que la pronta y cumplida justicia sea desplazada por mediáticos espectáculos para satisfacer pequeñas vanidades y morbos colectivos; que una prolongada huelga, motivada por irritantes desigualdades salariales, haya ocurrido sin que la sociedad se hubiera conmovido, acostumbrada como está a la morosidad cuando no a la ausencia de justicia; que en la composición de la Rama siga expresándose la discriminación de la mujer y de las minorías afrodescendientes, son todas demostraciones de los graves males padecidos por la función judicial, traducidos, ineluctablemente, en desprestigio e ilegitimidad.

Ese desolado panorama entristece, aún más, cuando programas de televisión y artículos periodísticos descalifican a dignatarios de las cortes con epítetos que se confunden con el insulto; el clima de repudio se extrema al utilizar, con desviados objetivos, la estigmatización de los regímenes especiales de pensiones aplicables a los jueces, sin reparar entre aquellas obtenidas conforme a la ley y las generadas por medios fraudulentos.

Es imperioso corregir los entuertos para devolver a la función judicial la legitimidad y respetabilidad perdidas. El Gobierno está obligado a convocar de urgencia a los expertos, académicos, jurisconsultos y a todos los concernidos para que, previa audición de los usuarios, se diseñe una política pública en materia de justicia que permita al país la recuperación de mínimos estándares de convivencia y la realización del de Estado Social de Derecho.