¿Elección popular de altas cortes?

Diego López Medina Profesor de la Universidad de Los Andes. Miembro fundador de Dejusticia diego.ambito.juridico@hotmail.com

La Constitución boliviana del 2009 estableció que los 28 magistrados de las cuatro cortes de cierre (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental) fueran elegidos por voto popular obligatorio. Estas novedosas elecciones se adelantaron en octubre del año pasado y los nuevos magistrados asumieron sus cargos el 2 de enero del 2012. Aunque el experimento lleva poco tiempo, puede hacerse ya una evaluación preliminar.

Este proceso electoral sui géneris puede ser caracterizado como una confrontación entre los optimistas que piensan que la “democratización” de la cúpula judicial es saludable frente a los pesimistas que opinan que la dinámica electoral solo puede contribuir a la “politización” indeseable de la rama. Se trata, pues, de un debate entre “democratización” y “politización”.

Para muchos, incluidos allí juristas y jueces de inclinación “liberal”, las elecciones solo fueron parte de un esfuerzo del gobierno de Evo y de su partido (el Movimiento al Socialismo-MAS) de aplastar la separación de poderes y lograr una nueva composición de la rama judicial que permitiera el “centralismo democrático” propio de regímenes que aspiran a generar grandes cambios sociales (revoluciones es la palabra preferida) sin disensos obstaculizadores. En apoyo de esta tesis se presentan varios argumentos.

Desde que llegó al gobierno, Evo ha intentado disminuir el disenso que la independencia judicial posibilita. Para ello, por ejemplo, desactivó de facto al Tribunal Constitucional impidiendo el ejercicio de sus funciones. La elección judicial, al mismo tiempo, fue intensamente controlada por el gobierno. Las reglas que la disciplinan fueron concebidas por la Ley 0126 del 2010 que busca regular “el ejercicio de la democracia intercultural”. Allí se estableció que las listas de candidatos a las altas cortes debían ser confeccionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional que, al día de hoy, está políticamente controlada por el MAS. La preselección obviamente reflejó este equilibrio de las fuerzas políticas bolivianas.

Con las listas así confeccionadas ya era previsible un cambio masivo de las élites judiciales del país. Los nuevos nombres eran desconocidos en términos generales; las viejas élites judiciales se sintieron desplazadas y, de otro lado, no hubo la suficiente cuota de “prestigio” académico y profesional para que los juristas bien pensantes les otorgaran una cierta legitimación técnica. Con los dados cargados, pues, se inició la campaña o mejor, la “no-campaña”: para evitar una excesiva y costosa politización, la ley diseñó un proceso electoral “frío” en el que los candidatos tenían prohibición legal expresa (so pena de inhabilitarse) de hacer cualquier tipo de proselitismo, e incluso, prohibición de “manifestar opinión ni tratar temas vinculados directa o indirectamente a su postulación…”.

Se trató así de una elección con virtual silencio mediático, sin propuestas ni debate, con muchos candidatos desconocidos para 28 puestos judiciales (que por importantes no dejan de ser esotéricos para el electorado general).

Con todo, el “silencio” electoral fue parcial porque muchos acusaron a Evo de estar “moviéndose” políticamente para hacer ganar a los candidatos que subrepticiamente fueran de su cuerda y para no perder unas elecciones que se habían convertido también en un referendo de su gobierno.

En estas circunstancias el resultado era previsible: la abstención fue altísima y sumados ganaron los votos nulos y en blanco. La imparcialidad de las autoridades electorales también fue puesta en duda. Todo esto generó la impresión de falta de legitimidad en los nuevos magistrados y los partidos de oposición buscaron afanosamente la nulidad del proceso, que al final de cuentas no lograron.

Y con todo este bagaje, se posesionaron los nuevos jueces que ya han empezado a escribir sus sentencias. Los defensores argumentan, con razón, que este sistema de elección sí tuvo un efecto de renovación, al menos sociológica, de las altas cortes. Casi la mitad de los nuevos magistrados son de origen “indígena originario campesino”; casi la mitad de las nuevas magistradas son mujeres. Para el Consejo de la Magistratura, la máxima votación la obtuvo Cristina Mamani Aguilar, una caracterizada aymara de sombrero coco y enaguas (como es la usanza entre muchos habitantes de La Paz y El Alto); para el Tribunal Constitucional la mayor votación la alcanzó Gualberto Cusi Mamani, abogado y autoridad tradicional de su comunidad donde se desempeña como mallku (líder) y yatiri (chamán). Estos resultados son valiosos en sí mismos para liberales pluralistas (y para los gobiernistas). Liberales clásicos (y anti-evistas de todas las pelambres) siguen denunciando la politización, el caudillismo y la falta de credenciales técnicas y científicas de las nuevas élites.

Pero la democracia pluricultural no es de fácil implementación. No bien llegado a la magistratura, Gualberto Cusi declaró que “en un caso de un amparo constitucional, por ejemplo, están las opciones A o B, y se consulta a la coca para ver si vamos a fallar en sentido positivo o negativo. En la coca sale”. Los yatiris tradicionales de Bolivia leen la coca y este oráculo es utilizado como forma de lidiar con las dificultades e incertidumbres de la vida. La comunidad jurídica respondió escandalizada ante semejante muestra de irracionalismo y, al calor de las críticas, hicieron retroceder al magistrado-yatiri que terminó diluyendo el comentario como si fuera una simple invocación a lo trascendente para actuar con justicia o sabiduría o como quien, entre nosotros, reza un padrenuestro antes de entrar a Sala Plena. El comentario tampoco cayó bien con las élites políticas aymaras (muchos de ellos también profesionales del Derecho) que pidieron una actitud más concordante con la ideología jurídica occidental.

Por el lado pluralista, encuentro deseable la aparición de caras nuevas en una democracia intercultural que abandone el racismo del pasado: esta es la gran y fascinante apuesta del nuevo constitucionalismo boliviano. Por el lado más liberal, molesta el “cripto-estalinismo” de un partido dominante que, so pretexto de democracia racial, termine haciendo clientelismo racial como base de un proyecto de hegemonía política.

Por el lado pluralista, se celebra la llegada de un cierto pluralismo metodológico en la forma de entender el derecho ya que puede concitar nuevas formas de legitimidad social y de revelar, de otro lado, que nuestro derecho no es tan “racional” como se ha pretendido, sino que es también parte y función de nuestra propia cultura; por el lado liberal, empero, los nuevos magistrados tienen en sus manos, independientemente de su origen, un servicio público complejo y en crisis. La nueva legitimación pluralista puede ayudar a que los usuarios no piensen que se trata de una justicia “colonial” de blancos, sino propia. Pero dicho esto, en el largo plazo este arrancón original de legitimidad puede ser insuficiente en términos de generar confianza intercultural y de mejorar, en el más importante y pedestre de los sentidos, la calidad y oportunidad del servicio de justicia. Y de esto también quieren los aymaras y los quechuas…