Omar Herrera Ariza

Abogado y exdocente universitario

omarherrera10@gmail.com

La detención preventiva de la senadora Dilian Francisca Toro ordenada por la Corte Suprema de Justicia; los sumarios y juicios penales que involucran y mantienen en prisión, o por lo menos sub júdice, a otros expresidentes del Senado; el escándalo suscitado por la pretensión de los secretarios de las cámaras legislativas de perpetuarse en sus destinos, al igual que la fallida reforma a la justicia y su adehala de corruptelas, son apenas botones de muestra que sirven para constatar la hondura, la extensión y la gravedad de la crisis que atraviesa el instituto de la representación política.

No se trata de algo meramente coyuntural. La actividad desplegada por jueces, magistrados y  académicos durante los últimos años, unida a las propias confesiones de los comandantes de las autodefensas, demostró que el poder del paramilitarismo y el narcotráfico cooptó importantes agencias del Estado, entre ellas al Congreso de la República, para ponerlas al servicio de nefandos propósitos. Eso explica, por ejemplo, la aprobación del Acto Legislativo 1 del 2011 en virtud del cual se eliminaron las inhabilidades por conflicto de intereses para hacer posible que parlamentarios incursos en procesos penales pudieran participar en la elaboración de leyes reguladoras de sus propios juicios, y explica, también, los reiterados esfuerzos por tasajear la Constitución e, incluso, como lo propone ahora el uribismo puro y duro, la intención de sustituir la Carta Política mediante el expediente de una asamblea constituyente.

Ninguna duda, entonces, al afirmar que el proceso mediante el cual los colombianos escogemos y elegimos a nuestros representantes para que en el seno del legislativo cumplan con el deber de propender por el interés general y elaborar los marcos jurídicos que garanticen la paz, la convivencia armoniosa y el desarrollo de la comunidad se muestra gravemente defectuoso: en muchísimos casos los ciudadanos ceden su confianza y otorgan su voto, no en virtud de una decisión libre y voluntaria, sino como consecuencia de la intimidación, la compra o el engaño. Y el elegido, en vez de llevar la representación de los intereses colectivos, actúa en su propio beneficio o en el de las maquinarias delictivas en las que se inserta su actuación.

Por supuesto tal acontecer pone en entredicho los cimientos mismos de nuestra precaria democracia, afecta la legitimidad institucional y conspira contra las posibilidades de una vida colectiva armoniosa y en paz. Se impone, por tanto, una urgente reacción ciudadana para recuperar las virtudes cívicas y la elemental decencia en la práctica política. En primer lugar mediante la férrea defensa de la Constitución que, no obstante las más de veinte incoherentes reformas sufridas, sigue alentando la posibilidad de construir un Estado Social de Derecho y la promoción y protección de los derechos humanos. Pero también exigiendo a los responsables políticos, a los jefes de los partidos y al Gobierno, la adopción de medidas encaminadas a lograr  transparencia en la financiación de las campañas, moralidad en el ejercicio de la función legislativa, rendición de cuentas a los electores. Fortaleciendo las veedurías ciudadanas y el derecho de estas y de cada uno de los colombianos a informarse sobre los procedimientos de selección de candidatos, antecedentes políticos y sociales de los mismos, origen de los dineros con que atienden sus gastos proselitistas, los compromisos que los vinculan con grupos de presión, etc.

La democracia requiere del instituto de la representación política como presupuesto de la legitimidad del poder nacido de los ritos electorales, sin perjuicio de la necesidad de incrementar y profundizar las prácticas de participación directa de los ciudadanos en la gestión y control de las políticas públicas. De allí la urgencia de una gran movilización que, como en los tiempos de Gaitán, proponga y obtenga la restauración moral de la república.