Conflicto Colombia – Venezuela: ¿dónde están las organizaciones regionales?

Alexandra Castro Franco

Profesora Derecho Internacional Universidad Externado de Colombia. alexandra.castrof@gmail.com

La negativa de la OEA de convocar a una reunión urgente de cancilleres para discutir la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela no solo es muestra de la inoperancia de esta organización, sino la pasividad de las demás organizaciones de la región. ¿Será que la protección de los derechos humanos no es una prioridad para las estructuras regionales de cooperación e integración?

Contrario a lo que podría pensarse, la cuestión migratoria ha estado presente en las discusiones, debates, discursos y comunicados de todas las organizaciones de la región. Así, desde la OEA pasando por la Unasur, la CELAC y el Mercosur han tenido oportunidades de discutir sobre la necesidad de dar pleno respeto a los derechos de los migrantes.

Empecemos por mencionar que en América del Sur, desde 1999, existe un espacio de discusión sobre la cuestión migratoria que reúne a los representantes gubernamentales de todos los países suramericanos. Se trata de la Conferencia Suramericana de las Migraciones, inaugurada en 1999. Si bien estamos en presencia de una instancia de cooperación y consulta con carácter no vinculante en sus 15 años de existencia, no ha hecho más que reiterar el compromiso de los países de la región con la protección de los  derechos de los migrantes. Cuenta con un plan suramericano para el desarrollo humano de las migraciones que reconoce la necesidad de proteger a estas personas durante todo su trayecto migratorio.

Entre sus múltiples manifestaciones, en el 2007, paradójicamente en la ciudad de Caracas, la Conferencia adoptó una declaración en la cual se invitó a la comunidad internacional en su conjunto a “asumir la reciprocidad histórica y la responsabilidad conjunta sobre las migraciones en el marco de la universalidad de los derechos humanos”, estableciendo que los países de destino deben conceder un tratamiento justo y humanitario a los migrantes.

Pero este no es el único escenario de discusión migratoria del continente. La Comunidad Andina (en la actualidad, integrada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) ha promovido desde sus inicios la libertad de circulación entre sus países miembros, la protección integral de las personas en situación de movilidad y, lo que resulta más pertinente para el presente caso, la acción conjunta de los países miembros para defender los intereses de sus nacionales en los países de destino. Para estos fines, se destacan el Plan Andino de Desarrollo Humano para las Migraciones, la Carta Social Andina y el recientemente adoptado Estatuto Andino de Movilidad Humana.

La Comunidad Andina se ha pronunciado enérgicamente frente a las políticas restrictivas en materia de migraciones de otros países, tales como la directiva de retorno adoptada por la Unión Europea, la cual dio lugar a un pronunciamiento por parte del Consejo Andino de los Defensores del Pueblo. Sin embargo, para la situación que se presenta en la actualidad, ni una palabra ha sido pronunciada por la organización.

En la OEA, por su parte, existe una comisión especial de asuntos migratorios, que se encarga de hacerle seguimiento al Plan Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes (Adoptado por la Asamblea General de la OEA, en el 2005), el tema ha sido abordado en todas las Cumbres de las Américas y así como por otras instituciones como la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la Secretaría de Seguridad Multidimensional. Con ocasión de la ya mencionada directiva de retorno, se pronunciaron el Consejo Permanente y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos manifestando la necesidad de que las políticas europeas se encontraran en: “… armonía con los principios generales del derecho internacional a los cuales están sometidas todas las organizaciones internaciones”. Sin embargo, en el presente caso, la decisión ha sido de no intervenir.

Los Estados de Unasur se pronunciaron igualmente frente a esta directiva europea, recordando (en un comunicado del 12 de febrero del 2009), el principio de universalidad de los derechos humanos, invitando a los Estados a tomar en consideración los principios “contenidos en diversos mecanismos internacionales, así como en las resoluciones y otros instrumentos adoptados en el campo de derechos humanos y de los migrantes”.

En este mismo sentido podemos encontrar comunicados de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y del Mercosur invitando a los Estados a respetar los derechos de los migrantes independientemente de su estatus administrativo.

Sin embargo, cuando la situación se presenta en nuestro continente, reina el silencio. Es más fácil condenar las prácticas migratorias de los países lejanos y mantenerse pasivos frente a las graves situaciones que se presentan en nuestro continente, demostrando el gran fracaso de nuestros procesos regionales.