Algunos retos en el debate sobre drogas ilícitas

En esta edición, CITpax y ÁMBITO JURÍDICO han querido preguntarles a sus invitados por los temas que deberían adquirir mayor preponderancia dentro del posible acuerdo respecto al narcotráfico y, al mismo tiempo, por las tensiones políticas que puedan generarse con el mismo.

 

Ramiro Borja realiza un acercamiento desde las connotaciones que tiene el abordar el problema del narcotráfico desde la perspectiva de la salud pública, entendiéndola como una herramienta adecuada para combatir los problemas asociados al consumo. En su criterio, hacerlo tiene la ventaja de postular la inclusión social y las estrategias de mitigación de riesgo como medidas eficaces para reducir el número de consumidores.

 

Nicolás Uribe, por su parte, se pregunta por las consecuencias que podría generar el acuerdo respecto al narcotráfico, a lo cual plantea tres puntos importantes: (i) la renuncia de las FARC a seguir viviendo del negocio de la droga, (ii) la adopción por parte del Estado de una política seria de prevención del consumo y (iii) la acción inmediata del Estado para impedir que bandas delincuenciales se apropien del negocio.

 

El narcotráfico, desde la perspectiva de la salud pública

 

Ramiro E. Borja M.

Abogado-investigador en políticas de salud pública

 

En el año 2007, se aprobó la Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto. Posteriormente, se promulgó el Acto Legislativo 2 del 2009 y la Ley 1566 del 2012. Este marco ha consolidado a la salud pública como herramienta adecuada frente a los problemas asociados al consumo de drogas. Ese también es el enfoque que las FARC y el Gobierno han hecho en el comunicado conjunto: atender a los consumidores desde la salud pública, mediante la inclusión social y la corresponsabilidad. Según esa postura, la eficacia de los acuerdos requiere de la concurrencia de la población consumidora.

 

¿En qué consiste el enfoque de salud pública? Parte de la base de descartar posiciones utópicas, como la tolerancia cero y la sociedad libre de drogas. Significa la adopción de estrategias de mitigación (o reducción del riesgo) al lado de la prevención y la superación del consumo, teniendo a la inclusión social como instrumento transversal. Consecuentemente, propone un rol activo de los consumidores, centrado en la corresponsabilidad: ocuparse activamente de su propia inclusión y la de sus pares.

 

Partiendo de que actualmente la salud pública es indisociable de la participación activa de las personas que usan drogas, la difusión de la marihuana, el debate que despiertan iniciativas legalizadoras a nivel internacional y la movilización de organizaciones en el ámbito nacional, como el Carnaval Cannábico Colombiano, entre otros, son iniciativas que hacen parte del componente fundamental de la corresponsabilidad y la inclusión, así como la que proponen los acuerdos de La Habana.

 

¿Cuál es entonces la mejor manera de lograr la inclusión de quienes consumen marihuana u otra sustancia sicotrópica, asegurando la corresponsabilidad y siguiendo el objetivo de que los acuerdos redunden en la aminoración de los problemas asociados al consumo? Es una medida que las FARC y el Gobierno aún no ha propuesto, pero que se verán obligados a discutir dada la coyuntura ya mencionada.

 

Si bien en el caso de la marihuana el planteamiento es un poco más claro, ya sea por las experiencias internacionales en España o Uruguay en materia de legalizar la creación de asociaciones y posibilitar el autocultivo o la compra restringida, lo cierto es que esta perspectiva es aplicable para todas las drogas, toda vez que consiste en acercar la demanda de tratamiento a la oferta institucional. Sobre la base de ese acercamiento, es posible evaluar la efectividad de la medida, los tipos de tratamiento más idóneos y las sustancias más apropiadas. Lo interesante de los cannabicos es que pueden ser un vínculo entre la institucionalidad y los demás tipos de consumidores.

 

¿Será que eso es soñar demasiado? Debido a la naciente tendencia a la liberalización de la marihuana, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) se ha pronunciado en contra de las reformas legalizadoras en Uruguay y EE UU. El argumento es el mismo en todos los casos: las convenciones prohíben usos distintos a lo médico y científico. Pronto escucharemos de la JIFE los mismos comentarios respecto a las asociaciones españolas de usuarios de cannabis. Sin embargo, el escándalo se ha limitado a eso, a declaraciones inocuas. Las convenciones no tienen la última palabra. Existe el antecedente de Bolivia que las denunció, para reservarse el cultivo y masticado de hoja de coca, y las reincorporó en lo demás.

 

Si se llega a aplicar lo acordado en La Habana, podrían generarse presiones diplomáticas. Sin embargo, la política exterior colombiana existe precisamente para asumir una posición activa en la promoción del interés nacional. Es pertinente que se busquen acercamientos con distintos países y organizaciones para poner en discusión los aspectos obsoletos de las convenciones internacionales. ¿Cómo está orientada actualmente y cómo debe orientarse la política exterior colombiana en materia de drogas? Ese es un debate cuya promoción sirve al interés de la nación y de los consumidores.

 

Tres consecuencias de un posible acuerdo con las FARC

 

Nicolás Uribe Rueda

Exrepresentante a la Cámara por Bogotá

 

El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que es el nombre que se ha dado a la agenda que negocia el Gobierno con las FARC, tiene como tercer elemento de discusión el problema de las drogas ilícitas. En él se intenta llegar a acuerdos sobre los programas de sustitución de cultivos, recuperación ambiental por fumigaciones, programas de prevención y promoción de la salud y plantear una solución al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos.

 

El asunto vale la pena analizarlo en detalle, por diversas razones. En primer lugar, porque la sola inclusión del tema en la agenda de negociación es un reconocimiento explícito de las FARC sobre su vinculación al narcotráfico y, en segundo lugar, porque de firmarse un acuerdo, este puede ser un elemento relevante en la reducción de la violencia, de la corrupción, del desplazamiento y de tantos otros males asociados al negocio de la droga.

 

Vale la pena reiterar que, al margen de su origen, la guerrilla cumple 30 años al servicio de un delito transnacional como fuente principal de financiación de sus actividades terroristas. En la actualidad, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, la guerrilla es responsable del 60 % de la producción de droga en Colombia (aproximadamente 200 toneladas al año) y ello le representa entre 2,4 y 3,5 mil millones de dólares anuales. Así pues, cuando las FARC afirman que saben de narcotráfico, hay que creerles.

 

Ahora bien, en el escenario en el que nos encontramos, debemos preguntarnos cuáles podrían ser las consecuencias de un acuerdo con las FARC en este tema. A nuestro juicio, principalmente, hay que tener en cuenta al menos tres elementos.

 

En primer lugar, el resultado inmediato de la paz debe ser la renuncia del grupo terrorista a seguir viviendo del negocio de la droga, además, si lo que quiere es salir del monte para dedicarse a la política. Su voluntad de paz debe concretarse en la entrega al Estado de la información necesaria para desmantelar el negocio, es decir, las rutas, los socios, los testaferros y los canales de distribución, entre otras cosas. Y es claro, al menos para algunos, que deberán entregar también los bienes asociados al negocio, pues el proceso de paz no debe servir para “lavar” millones de dólares o legalizar el producto de una actividad ilícita que ha costado la vida a miles de colombianos.

 

En segundo lugar, el Estado debe volverse serio a la hora de prevenir el consumo y promover estilos de vida saludables. No se requieren cambios del modelo global en la lucha contra el narcotráfico para evitar que los niños colombianos caigan en la droga o que los adictos puedan tener asistencia a servicios de salud.

 

Ha pasado más de una década desde que se hizo la última campaña nacional de prevención y más allá de los discursos solicitando enfoques preventivos originados en una política de salud pública, poco o nada se ha hecho en la materia. Colombia no ha tenido la voluntad política para avanzar en materia de prevención de consumo y las últimas mediciones en el tema delatan el fracaso.

 

Y, por último, antes de que otras bandas delincuenciales se apropien del negocio que las FARC están obligadas a entregar, en caso de que el proceso de paz culmine con éxito, el Estado debe reaccionar rápido y ofrecer alternativas productivas a los cultivadores de coca, al mismo tiempo de que demuestra su capacidad para llegar al campo con infraestructura y servicios sociales.

 

Es poco probable, eso sí, que el modelo global de lucha contra el narcotráfico se modifique por cuenta del proceso con las FARC. Es también iluso pensar que sin las FARC, el negocio no tendrá quién lo administre. Sin embargo, en este tema, tal vez como en ninguno, la guerrilla sí tiene mucho que aportar, en caso de que tenga efectivamente una verdadera voluntad de paz.