En el 2011 entró en vigencia la ley que eliminó el incentivo en las acciones populares (L. 1425/10). A pesar de las numerosas demandas de inconstitucionalidad en su contra, la Corte Constitucional la respaldó.

Por su aplicación, en el Consejo de Estado se desató una controversia. Mientras una sección dejó de pagar el incentivo de forma inmediata, otra lo siguió reconociendo. Al cierre de esta edición, aún no se había expedido un fallo unificador de esa corporación.