Municipios que reciban regalías financiarían proyectos para implementación del acuerdo de paz

La reforma constitucional fue presentada ante la Cámara de Representantes por el Director del Departamento Nacional de Planeación y por los ministros de Hacienda y Minas y Energía. El proyecto adicionaría varios parágrafos al artículo 361 de la Constitución Política en el sentido de imponer obligaciones financieras a las entidades que reciban recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

En primer lugar, cuando una entidad territorial que reciba recursos del SGR para el ahorro pensional cubra sus pasivos, destinará los recursos provenientes de esta fuente a la financiación de proyectos de inversión.

Así, durante los 20 años siguientes a la entrada en vigencia del acto legislativo, en caso de que este llegue a ser aprobado, estos proyectos deberán tener como objeto la implementación del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

Por otra parte, las entidades territoriales que cuenten con recursos de ahorro pensional provenientes del SGR que sobrepasen el cubrimiento requerido de sus pasivos deberán destinar estos recursos a la financiación de los proyectos de inversión anteriormente señalados.

La propuesta no para ahí, puesto que adicionalmente a lo anterior un 7 % de los ingresos del SGR se destinarán a financiar proyectos de inversión para la implementación del acuerdo, incluyendo proyectos de inversión destinados a la reparación integral a las víctimas.

Igual destinación tendrán los ingresos que por rendimientos financieros genere el SGR en estos años.

Ahora bien, los recursos del SGR incluirán como factores para su distribución: el nivel de pobreza rural, grado de afectación derivado del conflicto armado, debilidad institucional y existencia de economías ilegales.

Los proyectos de inversión serán definidos por un órgano colegiado de administración y decisión (Ocad) y para cumplir con estas disposiciones administrativas y financieras el Gobierno nacional hará los ajustes necesarios en el presupuesto del bienio 2017-2018, mediante un decreto con fuerza de ley.

En tal virtud, el Gobierno trasladará una parte de los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que al 31 de diciembre del 2016 no hayan sido destinados, a la financiación de proyectos de inversión para la implementación del acuerdo.

La polémica reforma constitucional será tramitada por el procedimiento legislativo especial para la paz fast track y solo requerirá de cuatro debates (dos en cada una de las cámaras) antes de ser enviado a promulgación.

Cámara de Representantes, Proyecto de acto legislativo 010/17C, Mar. 22/17

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