La nulidad de la elección de la Fiscal

Humberto de la Calle Exvicepresidente de la República

La decisión del Consejo de Estado por medio de la cual se anuló la elección de la Fiscal General puede mirarse desde diversos ángulos. Bien desde la perspectiva de sus efectos, los cuales son significativos, o como examen de la fundamentación técnica de la providencia, algo que no podrá hacerse de manera completa y leal mientras no se conozca su texto.

Pero más allá de esta discusión, como preocupante telón de fondo, común a muchísimas voces que se han oído en estos días, es la depauperación creciente de la legitimidad de la administración de justicia por obra de intervenciones carentes de ponderación que parten del supuesto de que toda decisión judicial obedece a manipulación de intereses protervos.

Sea la medida de aseguramiento contra funcionarios de la administración anterior, la condena del Coronel Plazas, la inhabilitación de Piedad Córdoba y, ahora, la anulación de la elección de la fiscal, va tomando cuerpo como verdad sabida que todo esto es producto del truco, de la adulteración de la justicia o del manejo insidioso de la misma como arma de guerra política.

En el caso de la doctora Viviane Morales, uno podría aducir que es una lástima que se llegue a interrumpir la tarea que ella había emprendido con gran seriedad, responsabilidad y valor. El efecto inmediato es el de regresar a etapas de interinidad que van en desmedro de la aplicación de justicia y de la continuidad y estabilidad de la tarea encomendada a ese organismo.

Pero este razonamiento se desborda, tanto por quienes comparten este punto de vista como por quienes atacan a la fiscal por decisiones que los han afectado. En vez de separar ambos planos, el de la conveniencia, que por cierto no es de cargo de la justicia, y el de la fundamentación, lo que encontramos es una justicia cercada de manera preocupante.

Al viejo adagio de que la “justicia es solo para los de ruana”, que tenía una connotación clasista, se ha sumado ahora algo mucho más corrosivo: que el aparato judicial solo actúa en función de propósitos políticos inconfesables. Mientras la primera impresión corría por cuenta de ciudadanos humildes, el segundo ataque, el más mortífero, es razonamiento permanente de muy amplios integrantes de la élite.

El efecto puede ser una vulneración muy severa de la noción de democracia. ¿Puede subsistir un esquema democrático si una de las ramas del poder está sometida a un juicio previo de condena, el cual se hace por instinto, sin discutir siquiera las razones que le dan fundamento a las decisiones? ¿Si a ello se suma el desprestigio del Congreso, muchas veces justificado, no estamos en presencia de una deformación peligrosa para la democracia?

Podría decirse que ante reales o supuestas violaciones de la ley, es la propia justicia la primera en ocupar el banquillo de los acusados.

Son conocidas las deficiencias de la Rama Judicial. No se trata de ocultarlas. Pero es necesario hacer una pausa en este frenesí, que es una especie de huracán que afecta no solo a los jueces.

Las sentencias no son intangibles. No están escritas en piedra. Son susceptibles de discusión. Además de que esto es permisible, puede agregarse que es sano en una sociedad abierta.

Pero que el punto de partida, y de llegada, sea la ciega convicción de que todo está trucado, mina las bases de la convivencia democrática.

Se habla, entonces, de politización de la justicia. Se quiere equiparar a la Rama Judicial a un partido de oposición. Pero la verdad es que, al lado de una cierta politización burocrática, que de veras existe, el gran fenómeno es que son agentes políticos los que utilizan la ley, de manera desaforada y a veces mixtificada, para poner a los jueces a definir asuntos de su exclusivo resorte.

La gran politización de la justicia, la que tiene incidencia en procesos cruciales que marcan rumbo histórico, no viene de los jueces. Es la instrumentación de los agentes políticos la causa verdadera de este nocivo fenómeno.