La aprobación del Examen Saber Pro sería un nuevo requisito para futuros abogados

 

Colombia es el segundo país con más abogados en el mundo, así lo señaló un reciente estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia, que, además, precisa que el primer lugar es ocupado por Costa Rica.

 

En el país, hay cerca de 100 facultades formales de Derecho y tan solo para febrero del 2017 existían 285.983 abogados registrados.

 

Ante tal densidad de profesionales, vale la pena preguntarse, ¿qué acciones debe tomar el Estado para garantizar que los abogados sean lo suficientemente idóneos para el ejercicio de la profesión?

 

Y es que el número de juristas parece ser directamente proporcional al número de sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y que afectan no solo al abogado infractor, sino a la reputación de todo un gremio.

 

De hecho, las estadísticas de los últimos años muestran una creciente actividad sancionadora por parte de la Sala Disciplinaria del CSJ. Tan solo el año pasado, el CSJ recibió 22.324 asuntos y los egresos efectivos fueron 18.290 (entre enero y septiembre del 2016). El mayor porcentaje de ingresos trata de procesos contra abogados (45 %), seguido de procesos contra funcionarios (41 %) y tutelas (9 %). (Lea: En los últimos 25 años, han sido excluidos de la profesión 480 abogados).

 

¿Cómo hacer a los abogados colombianos más idóneos?

 

Una respuesta ante esta problemática es la propuesta hecha por el senador Germán Varón Cotrino y los representantes Angélica Lozano, Carlos Germán Navas, Carlos Jiménez y Jhon E. Molina.

 

Este proyecto de ley establecería que para ejercer la profesión de abogacía, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del Examen de Estado de Calidad en Educación Superior (Saber Pro) que realiza el Icfes.

 

La iniciativa, que será estudiada en penúltimo debate por la Comisión Primera de la Cámara, busca calificar la idoneidad del profesional que puede comprometer los derechos de terceros y obligar al Estado a certificar que el graduado cuenta con los conocimientos y las competencias mínimas para ejercer la profesión.

 

Y es que, en la actualidad, si bien se exige la presentación de la prueba Saber Pro, los resultados de la misma no son vinculantes para expedir o no la tarjeta profesional.

 

¿Cuándo se entendería aprobado el examen?

 

El examen de Estado sería aprobado cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. Adicional al resultado individual de cada examen, el Icfes señalaría la representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media nacional.

 

Vale la pena mencionar que esta iniciativa, en caso de ser sancionada, no tendrá efectos retroactivos. A la par se contempla la posibilidad de que si el egresado o graduado no aprueba el examen, podría presentarlo nuevamente en las siguientes convocatorias que señale el Icfes, hasta que obtenga el porcentaje mínimo exigido.

 

Esta certificación de la aprobación del Saber Pro sería exigida por el CSJ para la expedición de la tarjeta profesional de abogado. El proyecto también consagra que si, al menos, el 33 % de los estudiantes de una institución de educación superior no superan la media nacional, el Ministerio de Educación impondrá las medidas preventivas establecidas en la Ley 1740 del 2014.

 

Sin embargo, para José Fernando Isaza, ex presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y ex rector de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, las pruebas Saber Pro no son suficientes. En su opinión, debe haber una congruencia entre los resultados de las pruebas, el escalonamiento de las universidades y el mercado laboral ofrecido a los profesionales.

 

Así, mientras las pruebas de Estado evidencian que  las mejores universidades de Colombia son Los Andes y la Nacional (en nueve y seis de las diferentes áreas respectivamente), los egresados de la Nacional están sensiblemente “subrepresentados” en las altas posiciones del Estado (ministerios, altas cortes, instituciones descentralizadas).

 

De hecho, en un periodo del Gobierno Santos, el 73 % de su gabinete ministerial estaba compuesto por egresados de los Andes.

 

Así, quien haya estudiado en una universidad pública de alta calidad y con igualdad de méritos al egresado de una universidad privada no puede contribuir con su formación a un país más igualitario, precisó Isaza en una columna para El Tiempo.

 

Estas cifras deben ser un llamado para que el establecimiento gubernamental ofrezca mayores oportunidades laborales para los mejores egresados del país.

 

Habrá que esperar si esta iniciativa llega a sanción presidencial y si puede convertirse en la respuesta para formar profesionales de calidad.