Emergencia en la Defensoría Pública y nada pasará

Omar Eduardo Gil Ordóñez

Director División Derecho Penal y Disciplinario

Centro de Servicios y Asesorías CENSEA SAS

ddp@censeasas.com; @oego69

Mediante memorando, calendado el pasado 12 de octubre, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Director Nacional de Defensoría Pública, le hizo saber a los funcionarios, a los defensores públicos y a la opinión en general que en la entidad existen “inconvenientes para la contratación octubre 2016”. En relación con tal asunto, se dio a conocer que la institución tiene dificultades para la vinculación por contrato de los operadores de defensoría pública, a partir del día 16 del mes en curso.

Como razón de los inconvenientes, se recordó que al iniciar el período del Defensor, Carlos Alfonso Negret Mosquera, encontraron “en el rubro correspondiente para la contratación de Defensoría Pública un saldo de 6.000 mil millones de pesos, cuando el presupuesto requerido para garantizar la continuidad en la prestación del servicio para lo que resta del presente año (16 de octubre a 31 de diciembre), es de 41.000 millones, es decir, el déficit encontrado es 35.000 millones de pesos”.

Obviamente, ante esta situación se están realizando las gestiones del caso ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ante la Dirección de Presupuesto Público Nacional, de quienes se espera la disponibilidad de recursos para dar continuidad a la prestación del servicio de defensoría pública.

Seguramente, por lo aquí expuesto habrá quienes califiquen como grave e inconcebible la realidad presupuestal de la Defensoría del Pueblo para el pago de los contratistas aquí reseñados. Pero esto no es raro, no es de extrañar, en la medida que, en promedio, cada defensor público en materia penal tiene una carga de 180 procesos; que por su trabajo recibe, algo así, como 4.000.000 millones de pesos por concepto de honorarios, de los cuales debe destinar casi 500.000 mil pesos al pago de seguridad social; que desde hace rato no se aumenta el valor pagado como contraprestación por su labor, en tanto que la asignación para jueces, magistrados y fiscales de todo nivel sí es reajustada cada año conforme a la ley; que a todos, con contadas excepciones, los acosan por la asistencia a las audiencias y la dizque deficiencia en la preparación de sus casos; y que son tantas, pero tantas las situaciones incorrectas que deben vivir y soportar los defensores públicos que se necesitaría de mucho tiempo y espacio para hacer una referencia completa.

Ante esto, que es el reflejo de la realidad que a muchos no les importa, no es raro ni extraño que ahora presenciemos una faceta más de la desprotección de quienes, con juicio y en la medida de las posibilidades, defienden a quienes no tienen los recursos económicos para contratar a un abogado.

Como consecuencia de esta dificultad, han de venir, entonces, los aplazamientos de las audiencias y diligencias, las peticiones de libertad por vencimientos de términos y la imposibilidad de impartir pronta y cumplida justicia en los eventos de naturaleza penal. No demoran en llegar las jornadas de protesta, los reclamos, los ceses de actividades y la correspondiente crisis, que, como de costumbre, no terminará en nada, pues llegará, como al parecer se dice por las bien intencionadas autoridades de la Defensoría del Pueblo, la ayuda económica que en este momento se requiere con suma urgencia por el bien de la administración de justicia en lo criminal.

¿Para qué preguntar por las entidades de control?, ¿Para qué invocar la necesaria disciplina en el actuar de los funcionarios públicos?, ¿Para qué hablar de previsión y planeación? Puede ser mejor callar, no decir nada, no inmutarse y hacerse el desentendido; quizás eso sea lo mejor donde todo puede pasar como sabemos que pasa, sin que por ello nada pase.