La contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, advirtió a las entidades públicas del país sobre la necesidad de examinar el estado de las fiducias constituidas con recursos de origen nacional, para determinar los fines para los cuales fueron constituidas. “En caso contrario, es pertinente advertir que los costos que se generen para mantener y administrar tales recursos sin justificación adecuada constituirán detrimento patrimonial tanto para los titulares de los mencionados derechos fiduciarios como para los administradores que no adopten las medidas correctivas necesarias de manejo”, sostuvo la funcionaria. Adicionalmente, explicó que los recursos considerados como públicos colocados en fiducias (excluyendo el sistema de seguridad social) ascendieron, a diciembre del 2011, a $ 7 billones. Finalmente, indicó que la permanencia de estos recursos a través del tiempo debe ser justificada, ya que de lo contrario no se estarán cumpliendo los fines sociales para los cuales están destinados ni la finalidad del fideicomiso.