Análisis: “Tierras, el debate de fondo”

Rubén Darío Lizarralde

Exministro de Agricultura

 

Primero que todo, se debe aclarar que el segundo acuerdo de Paz llamado “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, se firmó como si fuera un Acuerdo diferente al anterior, atreviéndose a expresar en las primeras palabras que contenía un mandato ampliado, acompañado inclusive por los que se habían opuesto al primer Acuerdo. Con esto, evadieron la refrendación del pueblo, la cual dio su voto negativo el 2 de octubre, y buscan el aval de la Corte Constitucional, para que sea el Congreso de la Republica el que avale el segundo acuerdo en nombre y representación del pueblo. Se debe aclarar que, tanto en la primera como en la segunda oportunidad, el Presidente de la Republica tenía facultades para avalar y asumir la responsabilidad política y jurídica del resultado de la negociación. 

 

Desde que el Gobierno y la guerrilla iniciaron las conversaciones, esta última centró su atención, en primer lugar, en el tema de la Reforma Rural Integral, luego en la participación política, después en el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y en la dejación de las armas y, en cuarto lugar, en la solución al problema de las drogas ilícitas.

 

En los documentos suscritos por los negociadores, incluidos los del Gobierno, se aceptó en el punto de negociación sobre la ruralidad que “este acuerdo debe contribuir a regresar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y que a juicio de las FARC-EP dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado....”. 

 

Además, “que es meta escénica de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo...”. Y que “la participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el acuerdo final”. 

 

¿Razón del conflicto?

 

Y alrededor de estos conceptos dignos de analizar y profundizar uno por uno, los analistas de los principales medios del país han recogido la tesis según la cual la única razón del conflicto es la tierra.

 

Por ejemplo, María Alejandra Medina expresa, “la tierra ha estado en el centro del conflicto armado en Colombia...”. Melissa Zuleta escribe: “Para nadie es un misterio el profundo vínculo que hay entre el acceso a la tierra y la violencia en Colombia”. Alfredo Molano y María Alejandra Medina. en un artículo sobre la amnistía a la acumulación de baldíos, inician su artículo expresando: “violentólogos, economistas y sociólogos han coincidido en que el centro del conflicto armado en Colombia es la distribución inequitativa de la tierra”.  A su vez, Rocío del Pilar Peña y María Mónica Parada expresan: “A diferencia de otros países más pobres o más desiguales, en Colombia el acceso a la tierra ha sido un factor que explica la causa del conflicto”. Y una última referencia, para no extenderme más: Alejandro Reyes: “… el acuerdo agrario fue el puente de oro que permitió a las Farc legitimar ante sus bases guerrilleras el Acuerdo Final de Paz, pues significó el compromiso del Estado de afrontar en serio el atraso del campo y la inclusión de los campesinos, indígenas y negros como ciudadanos”.

 

Y al lado del tema de la tierra, se adoptan medidas para su ordenamiento territorial y catastral (un asunto esencialmente técnico) a la definición y consulta de las comunidades.

 

Recogiendo sintéticamente lo anterior, nos enfrentamos a una premisa simplista con unas consecuencias que el país económico y político no sospechan.

 

En esta evaluación, la guerrilla, los negociadores de ambos lados y expertos económicos y sociales no analizan con mayor profundidad cuáles pueden ser las razones de nuestro atraso en la ruralidad y las motivaciones para mantener un conflicto que surge del enfrentamiento de los partidos políticos y que luego muta o cambia hacia el enfrentamiento entre los amigos y los enemigos de la democracia.

 

En este sentido, no se puede desconocer la influencia y el apoyo que los grupos guerrilleros han recibido de Cuba y, en su momento, de Rusia, así como institucionalmente elementos como la corrupción, la falta de cobertura en educación, salud, justicia y seguridad, que han contribuido a que mantengamos la ruralidad marginada de los espacios de desarrollo. El presidente Misael Pastrana intentó mitigar el impacto de la dificultad para atender el campo, y siguiendo recomendaciones del profesor Kerry, plasmó en su plan de las “cuatro estrategias”, elementos que invitaban a la gente del campo a venir a las ciudades, encontrar empleo no calificado, propiciar la construcción y financiación de vivienda y ofrecer de una manera más económica y eficiente mayor cobertura para los ciudadanos en educación, salud y seguridad. 

 

En un ejercicio que realizaremos más adelante, demostraremos que con la tierra no podemos hacer demagogia, porque comprometemos el desarrollo del país y, con seguridad, la paz que tanto anhelamos.

 

Lo que falta por dimensionar

 

Desarrollar los condicionamientos del acuerdo, los cuales se están expresando en los decretos y leyes que están por llevarse al Congreso y expedirse por parte del Ejecutivo, frenaría el desarrollo de la ruralidad en sectores como la energía, el petróleo, la minería, la agroindustria y la infraestructura. ¿Eso lo hemos dimensionado?

 

Una referencia: el sector petrolero le aportó al desarrollo social y económico del país cerca de 124 billones de pesos en los últimos 14 años.

 

En materia agrícola, tengan en cuenta cuando hablamos de “desarrollar” solo con el apoyo del Estado. Por ejemplo, desarrollar una hectárea de cultivo de ciclo largo hasta llevarlo a flujo de caja positivo representa una inversión, en promedio, de 18 millones de pesos. Estamos refiriéndonos a forestales, cacao, caucho, palma, etc. Y cuando hablamos de cultivos de ciclo corto, las inversiones pueden oscilar entre 15 millones y 50 millones, en cultivos como plátano, banano, piña, melón, lechuga, etc.

 

Claramente, el Estado, aun en paz, no tiene la capacidad ni financiera ni operativa para desarrollar 500.000 o un millón de hectáreas al año. Pero esto se puede lograr si el Estado, el capital privado (nacional y extranjero) y los campesinos nos unimos a trabajar en equipo.

 

Lo demás es demagogia y dejarla prosperar nos puede costar más de lo que hasta hoy nos ha costado la falta de planeación y ejecución.

 

Multipliquemos el costo por hectárea de cultivos de ciclo corto o largo y dimensionemos el verdadero desafío que tenemos.

Además, trabajemos en temas importantes y fundamentales para hacer de este propósito una realidad, como en el del financiamiento, la asistencia técnica, la educación para el emprendimiento y el trabajo, los centros de acopio y la comercialización nacional y en el exterior, sin descuidar la industrialización del agro, que nos dará mayor valor agregado.