Natalia Tobón Franco
Abogada de la Universidad de los Andes, con maestría en propiedad intelectual en Franklin Pierce Law Center

En EE UU, hace unas décadas, un recluso demandó a Satanás. Decía que lo había llevado a tomar malas decisiones y que le había complicado la vida en general. Según él, Satanás y un grupo que actuaba en la sombra lo amenazaban y ejercían, en contra de su voluntad, una influencia negativa sobre su conducta.

El caso es real y se conoce como United States ex rel. Gerald Mayo v. Satan and his staff. Ocurrió en Pensilvania en 1971 y llegó a un tribunal federal que, sin embargo, no pudo avanzar mucho, porque la demanda no reunía los requisitos de procedibilidad. En concreto, en el proceso había un problema de jurisdicción, pues no era claro quién era el juez competente para conocer del caso, no existía una forma de notificar la demanda al demandado, no había manera de encuadrar lo reclamado dentro de las reglas del derecho vigente y tampoco había forma de ejecutar la decisión, si es que se pudiera llegar a ella.

La realidad colombiana me hizo recordar ese episodio, no tanto por los aspectos procesales, sino por el tema de la responsabilidad. A menudo, las personas comunes buscamos excusas para no hacer lo que debemos y algunos políticos actúan como si Satanás y su staff –léase la administración anterior, la oposición, la coyuntura internacional o los medios– se hubieran puesto de acuerdo para no dejarlos actuar o, como dijo el demandante en el proceso contra el “príncipe de las tinieblas”, para colocar deliberadamente obstáculos en su camino.

De hecho, el juez del proceso contra Satanás y su staff advirtió que, si uno se toma en serio la premisa de que Satanás es responsable de los males de la gente, el número de perjudicados sería tan grande que ni siquiera sería viable adelantar una acción colectiva, tal y como está prevista en la legislación estadounidense, porque sería imposible certificar quiénes hacen parte del grupo de demandantes, determinar la estructura del litigio o, incluso, saber ante quién se puede apelar.

El recluso estadounidense del proceso que mencionamos quiso culpar de sus errores a la influencia de una fuerza maligna superior, pero, sin mencionar la palabra “Satanás”, muchos en Colombia hoy seguimos haciendo algo muy parecido. Nos refugiamos en explicaciones enredadas que desvían la atención, repartimos culpas sin remordimiento, apelamos a la indignación fácil para que nadie se detenga a pensar y procuramos encender el ánimo de manada, porque la polarización enceguece.

Esa forma tan nuestra de culpar a otros por nuestros errores es muy diferente a la japonesa. En ese país no es raro ver a primeros ministros ofreciendo disculpas públicas por los problemas de su gestión, por los escándalos políticos e incluso por llegar cinco minutos tarde a una reunión a causa de un accidente de tráfico, como hizo una ministra en marzo de 2026. Se trata de gestos formales, pero dicientes, que ilustran otra forma de asumir lo que sale mal.

La palabra “ojalá” viene del árabe hispánico y significa “si Dios quiere”. Por eso espero que ojalá dejemos de culpar a Satanás por nuestras desgracias y comencemos a asumir nuestra responsabilidad. Ojalá dejemos de dar explicaciones confusas para justificar nuestros errores. Ojalá logremos evitar que suceda lo que ocurrió en 1971 en el proceso contra Satanás, que no avanzó por falta de jurisdicción, por ausencia de un demandado individualizable y porque los hechos no tenían cabida en el sistema legal.

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