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Sancionada ley que fortalece derechos de las mujeres rurales

Se crea el Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales y promueve el acceso preferencial a recursos productivos y créditos subsidiados.

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Amparan derechos de acceso a la tierra y vivienda digna de una mujer campesina y madre cabeza de familia (Alcaldía)

19 de Junio de 2025

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Fue sancionada una ley mediante la cual se modifica la Ley 731 del 2002 y se adoptan medidas afirmativas para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales, campesinas y de la pesca. Esta nueva normativa establece un marco legal para promover el acceso equitativo a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en el cierre de brechas históricas de discriminación en la ruralidad. El alcance de la ley incluye a mujeres de bajos recursos y víctimas del conflicto armado.

La ley contempla principios como la participación, sostenibilidad y equidad y abarca enfoques diferenciales como el territorial, étnico y de discapacidad. Además, se fortalece el reconocimiento del rol de las mujeres rurales en la economía familiar y nacional, ampliando el concepto de actividades rurales para incluir agroindustria, economía del cuidado, turismo rural y pesca artesanal. También se promueve el acceso preferencial a recursos productivos, servicios financieros y créditos con tasas subsidiadas. (Lea: Gobierno firma decreto clave para la industrialización del campo)

Entre las medidas de implementación destacan la creación del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR), líneas de crédito especiales, educación técnica y superior con pertinencia territorial, subsidios mediante COMCAJA, participación paritaria en escenarios de decisión y reconocimiento de saberes ancestrales. Las entidades territoriales podrán destinar hasta el 5 % de sus ingresos para la financiación de proyectos liderados por mujeres rurales.

Además, la ley articula su contenido con el Acuerdo Final de Paz y promueve la justicia climática, la salud integral, la lucha contra las violencias basadas en género y el acceso a la justicia. El Gobierno nacional deberá diseñar una política pública decenal y rendir informes anuales sobre los avances.

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