Fernán Ocampo González
Presidente de LinkTIC

Nunca había sido tan evidente como hoy la necesidad de reflexionar sobre el uso de tecnologías disruptivas, especialmente la inteligencia artificial (IA), en actividades públicas de relevancia nacional. Consciente de esta realidad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y comunicaciones (Mintic) impulsó recientemente un proyecto de ley que, aunque fue archivado en la Comisión Sexta del Senado, marcó un hito en la regulación tecnológica del país, posicionando a Colombia en el diálogo global sobre la adopción responsable de la IA.

Este debate demostró no solo un compromiso con la protección de los derechos fundamentales, la privacidad y la ética, sino también un interés genuino en aprovechar el potencial de la IA para el desarrollo social, económico y científico del país. Abrir estos espacios de discusión evidencia el interés de Colombia por construir un futuro tecnológico equilibrado, justo y con impacto positivo para la ciudadanía.

El proyecto de ley proponía lineamientos generales para la creación y operación de sandbox regulatorios en materia de IA y directrices para una transición justa frente a los impactos de esta tecnología en derechos como la dignidad humana, el trabajo y la privacidad. Tal vez, lo más interesante era su apuesta por fomentar la investigación y la incorporación de la IA en la administración pública, de forma equilibrada y ética.

En un contexto mundial en el que la IA impacta decisiones en sectores como el empleo, la salud y la justicia, el proyecto representaba una herramienta jurídica para brindar seguridad y apoyar la transición de los procesos y políticas que hoy las entidades buscan optimizar con tecnología. Aunque fue archivado, es probable que sea retomado en la próxima legislatura, obligándonos como país a repensar nuestra postura frente a la innovación, la protección de derechos fundamentales y el desarrollo económico.

El Conpes 3975 sentó las bases para el desarrollo de la IA en Colombia, con lineamientos en ética, gobernanza, infraestructura de datos e innovación. Sin embargo, contar con una política pública no es suficiente. El marco regulatorio requiere una ley que defina con claridad las obligaciones y responsabilidades de quienes desarrollan, implementan y usan estas tecnologías, desmontando así los sesgos de desconfianza que pesan sobre ellas.

No retomar el proyecto de ley presentado por el Mintic significaría un retroceso frente a la región. Mientras Brasil avanza con su Ley Nacional de IA y Chile, México y Argentina consolidan proyectos legislativos para alinear sus regulaciones con estándares internacionales, Colombia se arriesga a quedar rezagada, comprometiendo su aspiración de liderazgo regional en IA y su posición en el Índice Latinoamericano de IA (ILIA).

La urgencia de legislar no es solo un asunto técnico. Se trata de proteger derechos fundamentales, prevenir sesgos discriminatorios, garantizar la transparencia de los sistemas automatizados y establecer salvaguardas para la dignidad humana en un contexto de innovación acelerada. Dejar en manos exclusivas del mercado el desarrollo de sistemas de IA, sin un marco de protección, implica un riesgo real para las libertades individuales y la equidad.

Una nueva iniciativa legislativa podría retomar aspectos relevantes de la propuesta archivada, como la clasificación de sistemas según niveles de riesgo (prohibido, alto, limitado y mínimo), la creación de un sistema de gobernanza claro, la obligación de notificación de incidentes y la realización de evaluaciones de impacto en derechos humanos. Esto permitiría armonizar innovación y protección de las personas, un principio esencial en una sociedad democrática que aspira a convertirse en un polo de desarrollo tecnológico.

La IA avanza a un ritmo vertiginoso. Sus aplicaciones se transforman de un mes a otro, desde la administración de justicia hasta la salud, la educación y los servicios financieros. Regular esta tecnología no implica frenar el progreso; por el contrario, ofrece certeza jurídica y condiciones para atraer inversión, ya que un marco de reglas claras incentiva la confianza de desarrolladores y usuarios.

En el caso de la administración de justicia, la IA tiene el potencial de optimizar tiempos, reducir cargas y facilitar la consolidación de líneas jurisprudenciales, siempre que existan reglas claras que garanticen la transparencia y la trazabilidad de los sistemas utilizados. Contar con una normativa proporcionada y adaptable al avance tecnológico es, por tanto, una necesidad impostergable.

Colombia no puede aplazar la regulación de la IA. No hacerlo significaría perder la oportunidad de posicionarse como un país líder en innovación e implementación de tecnologías emergentes, con enfoque en derechos fundamentales y desarrollo social. La combinación del Conpes con una ley robusta permitiría al país integrarse con mayor fuerza a las dinámicas globales de la economía digital, garantizando la protección de las personas y el aprovechamiento responsable de la IA.

Urge, por tanto, un llamado a los legisladores, al sector productivo y a la sociedad civil para retomar este debate con visión de futuro, disposición a construir consensos que prioricen la dignidad de las personas y que hagan de la IA un aliado de la equidad, la competitividad y el progreso nacional.

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