Ordenan servidumbres en bienes de la Nación para proyectos energéticos y mineros
La norma establece plazos definidos, procedimientos más ágiles y lineamientos técnicos uniformes para formalizar servidumbres en predios baldíos y bienes fiscales.18 de Diciembre de 2025
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó ante más de 20 empresas de los sectores energético, minero y de hidrocarburos el Acuerdo 530 del 2025, una nueva regulación que ordena y reconoce las servidumbres sobre bienes baldíos y bienes fiscales de la Nación.
La norma busca establecer reglas claras, mayor seguridad jurídica y procedimientos transparentes para el desarrollo de proyectos de utilidad pública que requieren intervenir predios administrados por la entidad. (Lea: ¿Acción de reparación directa permite determinar titularidad de un bien cuya propiedad está en discusión?)
Durante el encuentro, la ANT explicó que el acuerdo fija tiempos definidos, plazos razonables y lineamientos precisos para la formalización de servidumbres, además de permitir permisos de intervención anticipada cuando exista disponibilidad presupuestal. Asimismo, incorpora disposiciones sobre la cesión de derechos de servidumbre y redefine el marco normativo aplicable a estos trámites, con el propósito de agilizar los procesos y reducir incertidumbres técnicas y jurídicas.
La actualización responde a las dificultades detectadas en la aplicación de acuerdos anteriores, entre ellas ambigüedades en requisitos, vacíos procedimentales y problemas en la presentación de información técnica. En este contexto, el nuevo acuerdo introduce herramientas como el Informe Técnico Jurídico Preliminar, la figura de auto de inicio preliminar o inadmisión y un instructivo actualizado para la entrega de información, además de precisar las reglas de notificación a los ocupantes de los predios.
Con esta regulación, la ANT fortalece su función de administrar los bienes baldíos, conforme a la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2363 del 2015, y consolida un procedimiento más claro para viabilizar proyectos de utilidad pública. El acuerdo establece etapas y plazos acordes con la dinámica territorial, orientados a garantizar seguridad jurídica, ordenamiento del territorio y una gestión más eficiente del patrimonio público.
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