La Corte Constitucional adoptó varios remedios judiciales para restablecer el derecho a la educación, dignidad humana, integridad personal y salud de los menores de edad que estudian en una institución educativa con graves deficiencias estructurales. Dichas medidas comprenden acciones de protección inmediata y para realizar obras definitivas, así como articulación interinstitucional.

El accionante, presidente de una junta de acción comunal, señaló que las instalaciones en las que se imparten las clases tienen los muros agrietados, techos deteriorados, baterías sanitarias deficientes y espacios deportivos y lúdicos que se han dejado de usar debido al riesgo de accidente por su deficiente estado, situación que fue corroborada por el alto tribunal.

La Sala reiteró la relación esencial que existe entre la infraestructura escolar y los componentes de asequibilidad y accesibilidad del derecho a la educación, en tanto impacta en el proceso de aprendizaje y potencia la experiencia escolar al permitir espacios de interacción, desarrollo de habilidades cognitivas y sociales, impulsa la asistencia y permanencia en el sistema.

Se ordenó a los entes territoriales correspondientes realizar una visita técnica a la institución educativa bajo análisis y, según el diagnóstico, determinar las medidas tendientes a la restauración y dar cumplimiento inmediato, lo cual no debe tardar más de un año y deberá contar con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.

De otra parte, se ordenó al Ministerio de Educación brindar apoyo técnico en la formulación del plan de intervención a largo plazo en la infraestructura de la institución educativa, según normas aplicables. Además, deberá brindar asesoría sobre la forma en que los entes territoriales pueden obtener recursos adicionales a través del FFIE (M. P. Vladimir Fernández Andrade).

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