Maximiliano Rodríguez Fernández
Director del Departamento de Derecho de la Empresa y los Mercados de la Universidad Externado de Colombia
Socio de Sotomonte, Sotomonte & Rodríguez

Para nadie es un secreto los retos y las dificultades que enfrentan las universidades (públicas y privadas) en Colombia y en el mundo. La caída histórica de la natalidad, la inversión de la pirámide poblacional hacia el envejecimiento y, con ello, la reducción en el número de estudiantes, así como los cambios en las preferencias de las nuevas generaciones y las exigencias del mercado laboral actual, son retos que ponen a prueba la capacidad de estas instituciones para transformarse y seguir generando los beneficios que han ofrecido históricamente a nuestra sociedad.

Lo que nadie se imaginaba es que el mayor reto para las universidades privadas del país se daría por cuenta del Gobierno Nacional. Contrario a la colaboración y relación armónica que existía hasta hace unos años, en beneficio mutuo entre la universidad privada y el Estado colombiano, en los últimos tres años y medio hemos visto cómo el Gobierno Petro ha tratado de minimizar los beneficios de esta para el país. Claro está, todo con el propósito de justificar las medidas que buscan estatalizar la educación, siguiendo los mismos métodos utilizados con el sector salud. Han desmontado programas de subsidio a la educación privada, como “Ser Pilo Paga” (que benefició a más de 40.000 estudiantes), y ha debilitado el Icetex, reduciendo de manera significativa el número de estudiantes que pueden llegar a la universidad con ayudas estatales.

Un Gobierno que ha ejercido poco o nulo control sobre la oferta virtual y remota proveniente de universidades extranjeras, que han encontrado en él a un aliado ideal. Un Gobierno que exige a las universidades del país (aunque no a todas) altos estándares de calidad, minuciosamente verificados, e infraestructura de punta, pero que para aquellas –las extranjeras– parece no presentar exigencia alguna, habilitándolas y permitiendo la homologación de programas de baja calidad. Universidades que, por demás, se ven beneficiadas con los programas de capacitación y financiación del Icetex y de otras entidades públicas, que prefieren invertir en la oferta extranjera (de bajo costo y baja calidad) para capacitar a sus funcionarios. Todos actos premeditados de una institucionalidad que, en su afán por acabar con lo privado, ha terminado por debilitar uno de los pilares fundamentales de la democracia y de la construcción ciudadana: la educación.

Pero, como si ello fuera poco, en las últimas semanas se ha dado lo que para muchos puede parecer la estocada final. La imposición del impuesto al patrimonio a las entidades sin ánimo de lucro, en los recientemente expedidos decretos de emergencia económica, social y ecológica, genera una carga irracional para las universidades privadas. Un impuesto con el que se les ataca de manera frontal y con el que se pretende deteriorar su situación patrimonial y financiera. Medida que limita la autonomía universitaria, su capacidad para desarrollar investigación y seguir cimentando las bases del desarrollo de nuestra sociedad; de carácter expropiatorio y que no refleja nada distinto al ánimo de acabar con la formación y la producción de conocimiento en el país. Nada extraño para un Gobierno que ha mostrado sistemáticamente su desprecio por lo técnico, por la crítica y por la argumentación seria e informada, propias de la universidad.

No obstante la complejidad de los retos actuales y los ataques que desde el Gobierno se lanzan, estamos seguros de que nuestras universidades saldrán adelante. Como en otras épocas, cuando también fueron objeto de persecución (la Regeneración, por ejemplo), superarán los obstáculos que les ha impuesto este Gobierno, se mantendrán vigentes y serán capaces de seguir ofreciendo las soluciones que, en materia de educación e investigación, requiere nuestro país y la región.

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