Valeria Canosa
Abogada y magíster en Derecho Penal
Líder del Área Penal de Cafore Abogados

En cada proceso electoral, además del ejercicio legítimo del voto, también surgen prácticas que buscan alterar la voluntad popular. La compra de votos, la presión a empleados públicos, la trashumancia electoral o la suplantación de votantes no son simples irregularidades administrativas: constituyen delitos que afectan la transparencia del sistema democrático y que pueden generar graves consecuencias penales.

Con la llegada de las elecciones del 2026 en Colombia, en las que se eligieron el Senado de la República y la Cámara de Representantes, así como la realización de consultas presidenciales y las próximas elecciones presidenciales previstas para el mes de mayo, cobra especial relevancia recordar que la legislación colombiana tipifica diversas conductas como delitos electorales. Estas se encuentran principalmente reguladas por la Ley 1864 de 2017, que fortaleció el marco penal para proteger la transparencia del proceso electoral.

De acuerdo con esta normativa, quienes incurran en delitos electorales pueden enfrentar penas de prisión que oscilan entre cuatro y doce años, además de multas que pueden ir entre 50 y 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), inhabilidades para ejercer cargos públicos y sanciones económicas adicionales cuando se trate de financiación ilegal de campañas.

Entre las conductas más recurrentes se encuentra la trashumancia electoral, que consiste en inscribir la cédula en un lugar distinto al de la residencia con el propósito de alterar el resultado electoral. También se presentan casos de suplantación de votantes, impedimento o perturbación de elecciones, amenazas contra candidatos o autoridades electorales, así como el uso de cédulas falsas o la obstrucción de las funciones de los jurados de votación. Estas conductas pueden ser cometidas especialmente por los ciudadanos.

En el caso de los candidatos también existen conductas penalmente reprochables. Entre ellas se encuentran la compra de votos, la financiación ilegal de campañas, el exceso en los límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, o el hecho de participar o resultar elegido estando inhabilitado por decisión judicial, disciplinaria o fiscal.

Los servidores públicos, por su parte, tienen una responsabilidad agravada. El uso de recursos del Estado para favorecer campañas, el constreñimiento a votantes o la manipulación de resultados electorales constituyen conductas que no solo afectan la transparencia del proceso electoral, sino que vulneran los principios de imparcialidad, moralidad y legalidad que rigen la función pública.

En este contexto, resulta fundamental promover una cultura de prevención. Para quienes aspiran a cargos de elección popular, es recomendable realizar auditorías legales y contables permanentes en las campañas, mantener un control estricto de los gastos, verificar el origen de los aportes y revisar posibles inhabilidades antes de participar en la contienda electoral.

Para los ciudadanos, el papel también es clave. Denunciar cualquier irregularidad, como el ofrecimiento de dinero o beneficios a cambio del voto, contribuye a proteger la legitimidad de las elecciones. El voto es un derecho libre y responsable, y su compra o venta constituye un delito que debilita las bases del sistema democrático.

Cuando se es testigo de un posible delito electoral, existen diferentes mecanismos institucionales para reportarlo. Durante la jornada electoral, los ciudadanos pueden acudir a las mesas de justicia instaladas en los puestos de votación, donde participan delegados de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación dispone de canales para la recepción de denuncias, como el sistema digital de Denuncia Fácil, la línea celular 122 o la línea nacional 01 8000 910 413. También es posible acudir a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) del Ministerio del Interior, mediante el correo electrónico denunciasuriel@mininterior.gov.co, la línea celular #623 o la línea gratuita 01 8000 912 005.

Adicionalmente, el Gobierno nacional habilitó recientemente la línea 157, con el propósito de facilitar la denuncia ciudadana y fortalecer las acciones de prevención e investigación de los delitos electorales.

Más allá de las sanciones penales o económicas, verse involucrado en procesos por delitos electorales puede generar consecuencias reputacionales y jurídicas significativas, además de largos procesos judiciales que implican costos económicos y desgaste personal.

La defensa de la democracia no depende únicamente de las autoridades, sino también de la ciudadanía. Informarse, actuar con responsabilidad y denunciar las irregularidades son acciones fundamentales para garantizar elecciones transparentes y legítimas.

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