La conducción de energía eléctrica es considerada como una actividad peligrosa que está a cargo de la entidad estatal, indicó el Consejo de Estado. Sin embargo, la responsabilidad por esas actividades se traslada a quienes realizan conexiones ilegales, pues ellos asumen el riesgo por su propia cuenta. De esta forma, la Sección Tercera negó la responsabilidad del Estado en la muerte por electrocución de una persona que ocupaba un barrio de invasión, donde además se habían instalado rudimentariamente por la población cables y postes que conducían la energía eléctrica. Según la corporación, se configuró el hecho exclusivo de un tercero, por lo que no existía una conducta atribuible a la administración. El consejo aclaró que la omisión del municipio en controlar y vigilar los asentamientos de ciudadanos en barrios de invasión no fue la causa eficiente del daño (C.P. Enrique Gil Botero).