Fue sancionada la Ley de Ciudades Verdes, cuyo propósito es fortalecer la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo en Colombia. Esta normativa fomenta el desarrollo de centros urbanos resilientes, biodiversos y sostenibles, mediante la conservación, restauración e incorporación de la biodiversidad en la planificación territorial, así como la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN).

El principio rector de la ley es la transformación de los territorios urbanos para mejorar la calidad ambiental y la vida de la ciudadanía, a través del reverdecimiento y la conectividad ecológica.

La ley establece objetivos y principios orientados a integrar la biodiversidad en las decisiones de planificación urbana y a fortalecer la capacidad de respuesta frente al cambio climático. Entre estos se destacan el diagnóstico de la biodiversidad urbana, la restauración de ecosistemas, el fortalecimiento de la estructura ecológica, la promoción de la agricultura urbana y la movilidad sostenible, así como el impulso a infraestructuras verdes y azules. Asimismo, se contemplan medidas para mejorar la calidad del aire, optimizar la gestión de residuos, proteger las fuentes hídricas y promover la participación ciudadana en los procesos de gobernanza ambiental. (Lea: Estudios de impacto ambiental deben incluir evaluación de impactos en materia de cambio climático)

El Ministerio de Ambiente será el encargado de liderar la implementación de la ley, en articulación con otros ministerios, autoridades ambientales y entidades territoriales. Se establecen plazos específicos para la ejecución de diversas acciones, como la realización de diagnósticos, censos de biodiversidad y la formulación de planes de silvicultura urbana. De igual forma, se prevé la creación de un centro de pensamiento en gestión ambiental urbana y una comisión de seguimiento, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de la normativa.

Además, esta ley introduce nuevos instrumentos económicos y categorías de protección ambiental, como el área de protección urbana, incorporando principios de sostenibilidad financiera, participación comunitaria, justicia ambiental y enfoque diferencial. La norma refuerza el compromiso del país con acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, posicionando a Colombia como referente regional en materia de gestión ambiental urbana.

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