Con el fin de conocer sus propuestas en materia de justicia, ÁMBITO JURÍDICO, en colaboración con la Corporación Excelencia en la Justicia, envió un cuestionario a los candidatos presidenciales que lideran las encuestas de opinión.

A continuación, las respuestas de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta.

1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuál es el principal problema de la administración de justicia en el que enfocará sus esfuerzos?

Paloma Valencia: La Rama Judicial merece un reconocimiento especial. En medio de enormes dificultades, ha cumplido una labor esencial en la defensa del Estado social de derecho. En particular, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sido instituciones decisivas para salvaguardar la supremacía e integridad de la Constitución y el principio de legalidad, especialmente frente a los atajos, abusos y trampas institucionales del gobierno Petro.

Ese reconocimiento, sin embargo, no impide señalar el principal problema de la administración de justicia: para demasiados ciudadanos, la justicia sigue siendo lenta, lejana y tardía. Una justicia que llega tarde deja de ser justicia. Por eso, mi esfuerzo central será reducir la congestión judicial, acercar la justicia al ciudadano y garantizar decisiones oportunas, especialmente en los casos que afectan la seguridad, la propiedad, la familia, la libertad y la vida diaria de los colombianos.

Mi compromiso será fortalecer la justicia, no debilitarla, respetar su independencia, no presionarla y darle más herramientas para que pueda decidir con rapidez, transparencia y eficacia. Colombia necesita una justicia cercana al ciudadano, pero también una justicia fuerte, independiente y capaz de ponerle límites al poder cuando el poder pretende saltarse la Constitución y la ley.

Á. J.: ¿Qué puntos concretos tendría una reforma a la justicia impulsada por su gobierno?

P. V.: Una reforma a la justicia impulsada por mi gobierno tendría un propósito claro: fortalecer la independencia de la Rama Judicial, proteger a la víctima y acabar la impunidad. No será una reforma para capturar jueces ni someter la justicia al poder político. Durante estos años, la Rama Judicial demostró fortaleza y resistencia frente a los ataques y atajos autoritarios del gobierno Petro. Por eso, la reforma debe servir para darle más herramientas, más tecnología, más capacidad y más presencia territorial.

Los puntos concretos serían los siguientes:

1. Cero impunidad: el que la hace, la paga. Promoveremos cárcel para los corruptos, inhabilidad permanente para contratar con el Estado y extinción rápida de dominio sobre sus bienes. No más “Emilios Tapias” enriqueciéndose con la plata de los colombianos.

2. Justicia penal rápida y castigo cierto. Crearemos fiscales especializados por estructuras criminales, para perseguir organizaciones completas y no solo capturas aisladas. La justicia no puede seguir procesando al último eslabón mientras los cabecillas, financiadores y receptadores siguen operando.

3. Ley contra la reincidencia: tres strikes, cero impunidad. Impulsaremos una ley para que el delincuente reincidente tenga penas más severas, menos beneficios y cárcel efectiva. Colombia no puede seguir soltando al mismo delincuente diez veces para que diez familias más sean víctimas.

4. Cárceles que no sean call centers de la extorsión. Promoveremos el bloqueo total de comunicaciones ilegales en los establecimientos de privación de la libertad. Las cárceles no pueden seguir funcionando como oficinas del crimen ni como call centers desde donde se extorsiona a comerciantes, transportadores, campesinos y familias.

5. Castigo a las prácticas dilatorias. Impulsaremos una ley para sancionar las maniobras que buscan alargar artificialmente los procesos y convertir el trámite judicial en una forma de impunidad.

6. Capturas que terminen en judicialización efectiva. Fortaleceremos la Fiscalía, la policía judicial y los jueces de control de garantías para que la captura no sea una foto de prensa, sino el comienzo de un proceso serio que termine en imputación, acusación, juicio y condena cuando haya mérito.

7. Inteligencia artificial (IA) y expediente digital. Usaremos IA para gestión judicial, triaje digital de investigaciones criminales, análisis de pruebas, detección de patrones delictivos, seguimiento de reincidentes y reducción de la congestión. La tecnología debe estar al servicio del juez, no reemplazarlo.

8. Justicia cercana al ciudadano. Pondremos en funcionamiento juzgados itinerantes de respuesta rápida, construiremos 50 nuevas casas de justicia e implementaremos brigadas móviles mensuales en corregimientos y veredas sin presencia judicial permanente.

9. Una familia, un solo juez. Crearemos y financiaremos los primeros 100 juzgados de “una familia, un solo juez”, para que las mujeres víctimas de violencia no tengan que peregrinar por múltiples despachos y reciban protección integral, justicia efectiva y acompañamiento para construir autonomía económica.

10. Reducción real de la congestión judicial. Trabajaremos con la Rama Judicial para reducir la congestión mediante más jueces donde haya mayor carga, oralidad efectiva, simplificación de trámites, interoperabilidad de sistemas, evaluación de resultados y herramientas tecnológicas.

11. Sistema penitenciario con control, trabajo y resocialización. Construiremos los cupos carcelarios faltantes para llevar el hacinamiento a cero. La cárcel debe castigar, controlar y resocializar. Por eso impulsaremos trabajo obligatorio para condenados, formación para el empleo, convenios con el Sena y ampliación de cárceles agropecuarias.

12. Autoridad legítima y protesta sin violencia. Crearemos un marco diferencial para el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, con seguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública. También promoveremos una ley que regule la protesta social y castigue el vandalismo, porque la protesta pacífica se respeta, pero el bloqueo violento y la destrucción no pueden ser tolerados.

En síntesis, la reforma tendrá tres ejes: justicia rápida, víctima en el centro y cero impunidad. Colombia necesita una justicia moderna, fuerte, independiente y cercana; una justicia que proteja al ciudadano honrado, cierre la puerta giratoria de la reincidencia y haga realidad una regla elemental: el que la hace, la paga.

Á. J.: ¿Propondría alguna modificación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)? ¿Cree que es necesario reformarla, ampliar su vigencia o adelantar su finalización?

P. V.: La JEP debe ser objeto de ajustes institucionales que fortalezcan su eficacia y su apego estricto a la Constitución. La justicia transicional cumple una función importante en una sociedad que busca cerrar ciclos de violencia, garantizar los derechos de las víctimas, el castigo a los responsables y ofrecer seguridad jurídica a quienes comparecen ante ella. Precisamente por esa importancia, debe operar con las máximas garantías judiciales, sin sesgos, sin impunidad y dentro de los límites que fijaron la Constitución y la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional, además, ha fijado límites claros. En la Sentencia C-674 de 2017, avaló la creación de la JEP, pero recordó que se trata de una jurisdicción transicional, excepcional, temporal y sometida a la Constitución. En la Sentencia C-080 de 2018, al revisar la Ley Estatutaria de la JEP, reiteró que esta jurisdicción debe respetar el derecho de defensa, contradicción, impugnación, presunción de inocencia, imparcialidad, doble instancia y doble conformidad. Y en la Sentencia C-007 de 2018, precisó que la justicia transicional no puede convertirse en impunidad, pues los crímenes más graves no son amnistiables ni indultables.

Ahora, para comprender en profundidad la JEP no basta revisar el Acto Legislativo 01 de 2017, que la creó como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; ni las leyes que la desarrollan, como la 1957 de 2019, 1922 de 2018 y 1820 de 2016. También deben tenerse en cuenta las sentencias interpretativas de la JEP, que han precisado el alcance de sus competencias y procedimientos. Esas decisiones, aunque menos visibles, son determinantes para evaluar cómo está funcionando realmente esta jurisdicción.

Estas sentencias han pasado un poco inadvertidas, frente a lo visibles que fueron la reforma constitucional y las referidas leyes, pero son elementos necesarios para analizar la tarea de la JEP. Hace poco, en la Sentencia C-073 de 2026, la Corte Constitucional ejerció control de constitucionalidad sobre dichas sentencias interpretativas, en las cuales había algunos elementos que se consideraron incompatibles con la Constitución.

Por eso, reformaría la JEP para asegurar garantías reales para todos los comparecientes, especialmente para los miembros de la fuerza pública, y para exigir resultados concretos frente a los máximos responsables de las Farc-EP. La JEP no puede funcionar con sesgos, presunciones colectivas de responsabilidad ni tratamientos desiguales.

No apoyaría ampliar su vigencia. La JEP nació con un plazo y debe cumplirlo. Su competencia está limitada a hechos relacionados con el conflicto armado ocurridos antes del 1º de diciembre de 2016. No puede convertirse en una jurisdicción permanente ni en un tribunal paralelo indefinido.

En síntesis: JEP sí, pero dentro de la Constitución; justicia transicional sí, pero sin impunidad; derechos de las víctimas sí, pero también garantías reales para todos los comparecientes, incluida la fuerza pública.

Á. J.: ¿Cómo atacará la corrupción judicial?

P. V.: La corrupción judicial se combate con una regla sencilla: transparencia total, controles reales y sanciones ejemplares. No basta con denunciarla; hay que cerrarles los espacios donde nace y castigar con firmeza a quienes convierten la justicia en negocio.

Propongo fortalecer la selección meritocrática de jueces, fiscales y funcionarios; digitalizar integralmente los procesos; crear trazabilidad completa de expedientes, repartos, actuaciones y tiempos de decisión, y publicar indicadores claros de gestión judicial para que el ciudadano sepa qué despachos cumplen y cuáles no.

También promoveremos sanciones ejemplares contra jueces, fiscales, funcionarios, peritos, contratistas o abogados que participen en redes de corrupción, manipulen procesos, compren decisiones, dilaten actuaciones o vendan favores judiciales. La toga no puede ser escudo de impunidad.

La tecnología será clave. Usaremos IA para detectar repartos irregulares, demoras injustificadas, patrones sospechosos en decisiones, actuaciones repetidas, acumulaciones anómalas de procesos y posibles redes de intermediación corrupta. La IA no reemplazará al juez, pero sí ayudará a vigilar el sistema, prevenir abusos y encender alertas tempranas.

La justicia debe recuperar la confianza ciudadana. Y eso solo se logra con independencia judicial, meritocracia, transparencia y una certeza: quien corrompa la justicia debe perder el cargo, responder penalmente y no volver a contratar ni a decidir sobre los derechos de los colombianos.

2. SEGURIDAD CIUDADANA Y SISTEMA CARCELARIO

Á. J.: ¿Cómo enfrentará esa percepción de impunidad que tiene la ciudadanía en general?

P. V.: La impunidad se enfrenta con autoridad, justicia rápida y consecuencias reales. El ciudadano debe sentir que denunciar sirve; que la Policía captura, que la Fiscalía investiga, que el juez decide y que la condena se cumple. Colombia no puede seguir con capturas para la foto, delincuentes entrando por una puerta y saliendo por la otra, ni víctimas rogándole al Estado que haga lo mínimo.

La respuesta será una política de justicia efectiva: tres strikes, cero impunidad y autoridad para proteger a los colombianos. Esto significa perseguir la reincidencia, fortalecer la flagrancia, crear fiscales especializados por estructuras criminales, usar IA para traige digital e investigación criminal, y medir el sistema no por cuántos capturados aparecen en un titular, sino por cuántos son judicializados, condenados y no vuelven a delinquir. La víctima debe volver al centro del sistema.

Á. J.: ¿Cómo enfrentaría los reclamos de justicia por los delitos de alto impacto en los que la opinión pública pide cárcel, como el hurto de automotores, el robo de celulares, la extorsión, etc.?

P. V.: Los delitos de alto impacto deben tener una respuesta firme, rápida y proporcional. El hurto de celulares, el robo de vehículos, la extorsión, el atraco en transporte público, la receptación, el microtráfico y la reincidencia no pueden seguir tratándose como hechos aislados o delitos menores. Detrás de muchos de esos casos hay redes, cabecillas, financiadores, receptadores y economías criminales.

Por eso impulsaremos una ley de endurecimiento de penas para reincidentes y delincuentes reiterados, bajo una regla sencilla: el que reincide, pierde. Vamos a acabar con las carreras criminales. El delincuente que repita deberá enfrentar penas más severas, restricción de beneficios y cárcel efectiva por el máximo posible. Colombia no puede seguir capturando una y otra vez a los mismos delincuentes para verlos libres al día siguiente.

Además, crearemos fiscales especializados por estructuras criminales, para que cada hurto, extorsión o atraco no se mire como un expediente aislado, sino como parte de una red. La justicia debe golpear a los jefes, financiadores, receptadores y organizaciones completas, no solo al último eslabón.

En el robo de celulares, la estrategia será tratarlo como una economía criminal: perseguir al ladrón, al comprador, al receptador, al desbloqueador ilegal y a los locales que sirven de fachada. En materia de extorsión, fortaleceremos las fiscalías especializadas, los Gaula, las rutas de denuncia segura, la protección al denunciante y el seguimiento financiero del dinero criminal.

Las cárceles no pueden seguir funcionando como call centers de la extorsión. Promoveremos el bloqueo total de comunicaciones ilegales en todos los establecimientos de privación de la libertad, con tecnología efectiva, inteligencia penitenciaria y control permanente. Nadie debe seguir llamando desde una cárcel para amenazar a un comerciante, un transportador, un tendero, un campesino o una familia.

También se utilizarán cámaras de seguridad, IA y tecnología en puntos críticos de extorsión y robo de celulares, para que las capturas deriven en judicialización efectiva y no en libertad inmediata. No más capturas de ladrones y extorsionadores que terminan en impunidad.

Á. J.: ¿Qué hacer frente al hacinamiento carcelario? ¿Piensa construir más cárceles o establecer mecanismos de despenalización de conductas?

P. V.: Colombia necesita más cupos carcelarios y una política penitenciaria seria. No podemos responder al hacinamiento simplemente liberando delincuentes o despenalizando conductas que afectan directamente la seguridad ciudadana. Para delitos graves, violentos, de alto impacto o cometidos por reincidentes, debe haber privación efectiva de la libertad.

La meta será llevar el hacinamiento penitenciario a cero mediante un plan de construcción de los cupos faltantes. Los estudios del tema plantean la necesidad de construir aproximadamente 40.000 o 41.000 cupos penitenciarios y carcelarios adicionales, eliminar el uso de centros de detención transitoria como lugares de reclusión prolongada y trasladar a las personas privadas de la libertad según criterios de peligrosidad.

Pero construir cárceles no basta. La cárcel debe castigar, controlar y resocializar. Por eso se impulsará trabajo obligatorio para condenados, formación para el empleo, convenios con el Sena, universidades y empresas, programas de salud mental, tratamiento de adicciones y seguimiento pospenitenciario.

También fortaleceremos las cárceles agropecuarias, para que las personas privadas de la libertad trabajen la tierra, cuiden animales, aprendan oficios y tengan una oportunidad real de cambiar. La pena no puede ser simplemente encierro improductivo; debe ser control, disciplina, trabajo y resocialización.

Á. J.: ¿Qué hacer con el Inpec?

P. V.: El Inpec requiere una transformación profunda. No puede seguir siendo una entidad desbordada, permeada por corrupción, sin tecnología suficiente y sin capacidad real para controlar los establecimientos. Una cárcel que permite delinquir desde adentro deja de ser castigo y se convierte en centro de operaciones criminales.

Proponemos transformar el Inpec en un nuevo cuerpo civil armado de custodia penitenciaria y carcelaria, como parte de la Fuerza Pública, denominado Policía Penitenciaria y Carcelaria de Colombia, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional. Esta transformación debe venir acompañada de una revisión integral de la USPEC, que administra recursos esenciales para infraestructura, alimentación, salud, brazaletes electrónicos y bienes y servicios de la población privada de la libertad.

La reforma debe incluir profesionalización de la guardia penitenciaria, mejores controles internos, tecnología de vigilancia, inteligencia penitenciaria, bloqueo total de comunicaciones ilegales, trazabilidad de visitas, control de ingreso de objetos prohibidos, separación de internos según perfil de riesgo y recuperación del régimen disciplinario dentro de las cárceles.

Además, se podrán desarrollar nuevos establecimientos penitenciarios mediante alianzas público-privadas reguladas, con estándares estrictos de transparencia, seguridad, resocialización y control estatal. El Estado debe recuperar el mando dentro de los centros de reclusión.

Las cárceles no pueden ser oficinas del crimen, universidades de reincidencia ni call centers de la extorsión. Deben ser lugares de control efectivo, cumplimiento de la pena, trabajo, formación y resocialización real.

3. REFORMA CONSTITUCIONAL Y CONSTITUYENTE

Á. J.: ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente? ¿La apoyaría?

P. V.: No la apoyaría. Una Asamblea Nacional Constituyente en este momento sería un salto al vacío y una amenaza directa contra la estabilidad democrática de Colombia.

El país no necesita una constituyente promovida desde el poder para reescribir las reglas del juego, debilitar los controles, presionar a la justicia o abrir la puerta a la concentración del poder. Después de cuatro años de ataques contra la Rama Judicial, de intentos de desconocer decisiones de las cortes y de atajos institucionales del gobierno Petro, Colombia debe cerrar con firmeza cualquier camino que pueda usarse para desmontar la Constitución de 1991.

La Constitución no es el problema. El problema es quienes quieren gobernar por encima de ella. La Constitución de 1991 debe defenderse, cumplirse y respetarse. Las reformas que el país necesite deben tramitarse por las vías institucionales: Congreso, deliberación pública, control constitucional y respeto a la separación de poderes. No por una constituyente hecha a la medida de un proyecto político.

Colombia no necesita refundarse cada vez que un gobierno fracasa. Necesita cumplir la Constitución que ya tiene. La Constitución de 1991 nos dio tutela, derechos fundamentales, Corte Constitucional, control judicial, separación de poderes, autonomía territorial y límites al poder. Esas instituciones fueron decisivas para resistir los abusos y atajos del gobierno Petro.

Por eso mi respuesta es categórica: no a una Asamblea Nacional Constituyente; no a un cheque en blanco para reescribir la Constitución; no a usar la participación ciudadana como fachada para concentrar poder. Colombia debe defender la Constitución de 1991, corregir lo que deba corregirse por las vías institucionales y cerrar cualquier intento de convertir la crisis de un gobierno en una excusa para desmontar la democracia.

Á. J.: Si no apoya la ANC, ¿qué temas cree que deben ser modificados de la Constitución Política vía acto legislativo?

P. V.: No creo que las reformas constitucionales deban surgir del capricho de un gobierno, de una coyuntura electoral o de la frustración de un proyecto político derrotado por los controles institucionales. Cualquier ajuste a la Constitución debe ser fruto de un gran acuerdo nacional, amplio, serio y responsable, con participación de las fuerzas políticas, la academia, la Rama Judicial, los sectores productivos, las regiones y la ciudadanía.

El desastre institucional, económico y político del gobierno Petro dejó una lección clara: la Constitución de 1991 tiene grandes aciertos que ya enumeré. Pero esa misma experiencia también demuestra que hay instituciones que deben blindarse aún más. No para cambiar el alma de la Constitución, sino para protegerla mejor. Por ejemplo, debe reforzarse la independencia del Banco de la República, la estabilidad de las reglas económicas, la neutralidad de los órganos de control y los límites al uso abusivo del poder presidencial.

La regla debe ser clara: reformas sí, pero no para concentrar poder; reformas sí, pero no para debilitar controles; reformas sí, pero no para premiar al gobierno que quiso saltarse la Constitución.

4. RECURSOS Y MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Á. J.: ¿Qué aspectos propone relacionados con la modernización de la justicia? ¿Qué papel debe jugar la IA en la administración de justicia?

P. V.: La modernización de la justicia debe tener una meta concreta: que la justicia deje de ser lenta y lejana a la realidad del ciudadano. No se trata de llenar los despachos de computadores, sino de transformar la forma como el Estado recibe denuncias, organiza expedientes, prioriza casos, investiga delitos y toma decisiones oportunas.

La modernización debe incluir expediente digital real, interoperabilidad entre Fiscalía, Policía, jueces, cárceles, autoridades administrativas y registros públicos; trazabilidad completa de procesos; audiencias virtuales cuando sean útiles; alertas automáticas de vencimiento de términos; sistemas de seguimiento a capturas, imputaciones, acusaciones y sentencias y herramientas para que la víctima sepa en qué va su caso.

La IA debe jugar un papel central, pero con un límite claro: no reemplaza al juez ni decide derechos fundamentales. Sirve para apoyar la gestión judicial, organizar expedientes, hacer triaje digital, cruzar información, priorizar casos urgentes, detectar patrones de criminalidad, identificar reincidencia, advertir congestión, alertar prácticas dilatorias y encontrar posibles anomalías en repartos, demoras o decisiones repetidas.

También debe usarse en investigación criminal. En delitos como hurto de celulares, extorsión, homicidio, secuestro y criminalidad organizada, la IA puede ayudar a identificar patrones, redes, zonas críticas, reincidentes, receptadores, financiadores y estructuras completas. La justicia moderna no puede seguir mirando cada delito como un expediente aislado cuando muchas veces detrás hay organizaciones criminales.

La meta será articularnos con la Rama Judicial para reducir la congestión, acelerar los tiempos de respuesta y acercar la justicia a la gente mediante juzgados itinerantes, brigadas móviles, casas de justicia y herramientas tecnológicas. El primer contacto del ciudadano con la justicia no puede ser la frustración. La meta es llegar en cuatro años a cero mora judicial.

Á. J.: ¿Cómo garantizará la seguridad jurídica a inversionistas extranjeros y nacionales?

P. V.: La seguridad jurídica empieza por una regla básica: el Estado debe respetar el precedente de las altas cortes, cumplir las decisiones judiciales y actuar siempre dentro de la Constitución y la ley. Un país serio no cambia las reglas según el gobierno de turno, no desconoce sentencias cuando le incomodan y no convierte la administración pública en un instrumento de persecución política o ideológica.

En Colombia deben respetarse la propiedad privada, los contratos, los derechos adquiridos, la estabilidad regulatoria, la independencia del Banco de la República, la autonomía judicial y las reglas de juego. Nadie invierte, produce o genera empleo en un país donde el Ejecutivo improvisa, amenaza sectores económicos, desconoce el precedente judicial o modifica arbitrariamente las condiciones bajo las cuales se hicieron las inversiones.

El desastre del gobierno Petro dejó una lección clara: sin confianza no hay inversión; sin inversión no hay empleo; y sin empleo no hay futuro. Por eso, el país debe recuperar la certeza institucional. Eso exige respetar la libertad de empresa, garantizar la legalidad en la actuación administrativa, proteger la estabilidad de las normas y asegurar que las controversias se resuelvan por jueces independientes, no por presiones políticas.

También hay que garantizar seguridad física y judicial. Un empresario no puede invertir si lo extorsionan, si le bloquean la vía, si le invaden el predio, si el Estado no responde o si un proceso judicial tarda años. Por eso, la seguridad jurídica también implica combatir la extorsión, proteger la movilidad, castigar el vandalismo, perseguir las economías criminales y contar con una justicia rápida para resolver controversias empresariales, contractuales, administrativas y agrarias.

La confianza se recupera con hechos: respeto al precedente judicial, trámites simples, reglas estables, jueces independientes, protección de la propiedad, cumplimiento de contratos, lucha frontal contra la corrupción y una justicia que funcione. Colombia debe volver a ser un país donde invertir no sea un acto de fe, sino una decisión respaldada por instituciones serias, reglas claras y un Ejecutivo Nacional que cumple la ley

Á. J.: ¿Cuántos recursos del presupuesto destinará para mejorar el sector justicia? ¿Es necesario incrementar el número de jueces, investigadores, fiscales, etc.?

P. V.: Sí. Es indispensable aumentar las capacidades del sector justicia. La justicia no se mejora con discursos: se mejora con presupuesto, gestión, tecnología, jueces, fiscales, investigadores, policía judicial, cárceles, presencia territorial y resultados medibles.

Colombia necesita más jueces donde exista mayor congestión, más fiscales especializados contra estructuras criminales, más investigadores, más policía judicial, más defensores públicos, mejores herramientas tecnológicas y más capacidad penitenciaria. También se requiere invertir en expediente digital, IA, interoperabilidad de sistemas, casas de justicia, brigadas móviles, juzgados itinerantes y atención efectiva a las víctimas.

La ruta debe ser concreta: acuerdo con la Rama Judicial para avanzar hacia cero mora en cuatro años; construcción de 50 casas de justicia; brigadas móviles mensuales en corregimientos y veredas; juzgados itinerantes de respuesta rápida; uso de IA para descongestión e investigación criminal; fortalecimiento de fiscalías contra extorsión, secuestro y estructuras criminales, y construcción de los cupos penitenciarios faltantes para enfrentar el hacinamiento.

Pero para financiarlo hay que tomar una decisión política clara: el Estado debe invertir en justicia, no en burocracia inútil. No podemos seguir abriendo embajadas innecesarias, multiplicando contratos de prestación de servicios para pagar favores políticos o sosteniendo cargos y entidades que no cumplen ni siquiera con la ejecución del presupuesto que se les asigna. El caso del Ministerio de la Igualdad demuestra que crear burocracia no garantiza derechos. Muchas veces, más igualdad asegura un juez con una sentencia oportuna que un ministerio ineficiente lleno de cargos y contratos.

Por eso, revisaremos el gasto público, eliminaremos burocracia innecesaria, auditaremos el uso de los recursos, monetizaremos bienes objeto de extinción de dominio y dirigiremos la plata a lo que sí protege al ciudadano: justicia, seguridad, cárceles, tecnología, atención a víctimas e investigación criminal. El dinero de los corruptos debe volver al servicio de los colombianos.

La prioridad será clara: menos burocracia inútil y más justicia efectiva.

Á. J.: ¿Cómo implementaría y pondría en marcha la Jurisdicción Agraria?

P. V.: La Jurisdicción Agraria debe implementarse con responsabilidad, técnica y equilibrio. No puede convertirse en un instrumento de persecución contra propietarios legítimos, ni en una fuente de inseguridad jurídica en el campo. Su finalidad debe ser resolver conflictos rurales de manera rápida, especializada y transparente, protegiendo a campesinos, propietarios, productores, comunidades y empresarios que actúan dentro de la ley.

La jurisdicción debe garantizar debido proceso, respeto por la propiedad privada, seguridad jurídica, acceso efectivo a la justicia rural, formalización de la tierra y solución pronta de conflictos sobre uso, tenencia, posesión, servidumbres, linderos, restitución, contratos agrarios y controversias productivas.

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