Daniel Acevedo | Linkedin | Email
Founder & CEO de Bredia - Business Redesign for the AI Era

En mayo de 2026, el Consejo de Estado suspendió de nuevo el concurso de méritos para nombrar notarios, tras siete meses de parálisis y cuestionamientos de la Procuraduría y la Contraloría. El anterior se hizo en 2015. La cifra de fondo importa: de las 920 notarías del país, solo 591 tienen titular en propiedad y 329 funcionan en interinidad o por encargo.

El debate que esa noticia reabre es siempre el mismo. Discutimos quién debe ser notario, cómo seleccionarlo y si el concurso premia el mérito. Son preguntas legítimas, pero llevamos décadas concentrados en ellas y mucho menos en otra que importa cada vez más: qué significa administrar una notaría moderna. El país sigue pensándola como función jurídica, cuando es algo distinto.

Una notaría de hoy maneja grandes volúmenes documentales, plataformas tecnológicas, datos personales sensibles de miles de ciudadanos, atención masiva al público, riesgos operacionales, ciberseguridad y un cumplimiento que crece cada año. Funciona como una empresa de servicios altamente regulada que presta más de 400 trámites, y dirigirla exige capacidades que el derecho no enseña: gestión, gobierno de datos, dirección de talento, experiencia del usuario y continuidad operativa. La digitalización lo ilustra: pese a esos 400 trámites, apenas 13 notarías cumplían los requisitos para operar como digitales cuando la superintendencia hizo el balance. El conocimiento jurídico sigue siendo necesario para la fe pública, pero dejó de bastar para dirigir la organización que la sostiene.

Otras profesiones cruzaron este puente hace tiempo. Un hospital no se dirige solo con buenos médicos, ni un banco solo con buenos financistas: ambos entendieron que el dominio técnico es la base, pero administrarlos exige una capa de gestión, gobierno corporativo y tecnología. Seguimos esperando, en cambio, que una notaría se administre solo desde lo jurídico.

La discusión pública sobre el notariado está atrapada en una lógica del siglo XX. Nos preguntamos cómo seleccionar al mejor jurista, cuando deberíamos preguntarnos también cómo construir la mejor organización de servicio público. Son preguntas distintas y exigen capacidades distintas: un concurso riguroso evalúa conocimiento y trayectoria, pero no garantiza que el seleccionado sepa dirigir una organización compleja, proteger los datos que custodia ni sostener la operación cuando algo falla.

Nada de esto resta importancia a la transparencia del concurso. El bloqueo actual, con cientos de notarías en interinidad y un proceso empantanado en líos contractuales y fallas de planeación señalados por los órganos de control, es un síntoma del fondo: el modelo institucional que rodea al notariado arrastra debilidades de gestión que ningún cronograma soluciona solo.

La modernización que Colombia necesita no depende solo de concursos más transparentes ni de selecciones más rigurosas, aunque ambos hagan falta. Depende de reconocer que las notarías dejaron de ser despachos jurídicos para volverse organizaciones que administran confianza pública a escala, con tecnología, datos y millones de interacciones ciudadanas. Y eso exige mucho más que conocimiento del derecho: exige liderazgo, gestión, tecnología y capacidad institucional. Mientras sigamos debatiendo solo quién ocupa el cargo, quedará sin respuesta la pregunta que define el servicio al ciudadano: cómo se construye y se dirige la organización que hay detrás.

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