El Departamento Administrativo de la Función Pública publicó un proyecto de norma que definiría directrices de coordinación para que el Gobierno nacional y las entidades estatales concurran en el avance de la reparación colectiva del movimiento sindical colombiano.

Este marco normativo busca articular las acciones de la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Trabajo con el fin de dignificar a los integrantes de estas organizaciones y prevenir la repetición de las violaciones sufridas en el marco del conflicto armado. De esta manera, las instituciones involucradas deberán incorporar acciones de resarcimiento en sus planes de gestión, garantizando que las medidas adoptadas resulten coherentes, progresivas y respetuosas de los derechos de los sujetos colectivos. (Lea: El salario mínimo es inembargable, excepto por deudas de alimentos y con cooperativas)

Acciones de memoria y reparación simbólica

Por otro lado, la propuesta contempla la implementación de medidas de satisfacción orientadas a la reconstrucción de la memoria histórica y al reconocimiento del aporte sindical a la democracia. En este sentido, el Presidente de la República realizará un acto solemne de alcance nacional para honrar a las víctimas de la violencia antisindical y reafirmar el compromiso del Estado con la protección de los derechos laborales. Asimismo, se promoverá la "Semana por la Dignificación y el Reconocimiento de la Labor y las Memorias Sindicales" cada mes de mayo, facilitando espacios culturales y académicos que visibilicen las luchas históricas de los trabajadores.

Educación y transformación cultural

Respecto a la dimensión pedagógica, el Gobierno impulsaría estrategias de comunicación y educación para combatir la estigmatización del sindicalismo en la sociedad y en las instituciones públicas. Por consiguiente, se diseñarían lineamientos educativos sobre ciudadanía laboral y libertad asociativa para ser aplicados en centros de enseñanza básica, media y superior bajo el respeto a la autonomía universitaria. Paralelamente, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la ESAP capacitarían a los servidores del Estado en el reconocimiento de la actividad sindical como un componente esencial del Estado social de derecho.

Garantías de seguridad y fomento asociativo

La normativa fortalecería los esquemas de protección individual y colectiva para personas sindicalizadas en situación de riesgo, integrando enfoques diferenciales de género y territoriales. En virtud de ello, se crearía el "Programa de Organización y Restablecimiento de Libertades Sindicales" con el objetivo de fomentar la afiliación voluntaria y formar a nuevos liderazgos a través de una escuela nacional especializada. Por último, el Ministerio del Trabajo realizaría estudios técnicos para evaluar la viabilidad de mecanismos financieros que aseguren la sostenibilidad de estas organizaciones y la plena ejecución del plan integral de reparación.

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