Fue sancionada una ley mediante la cual se aprueba la “Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989. Este instrumento busca integrar al ordenamiento jurídico colombiano un marco internacional orientado a prevenir y sancionar actividades relacionadas con el mercenarismo.

Definición y tipificación de conductas

La Convención establece una definición precisa de “mercenario”, incluyendo a quienes participan en conflictos armados o actos de violencia con fines de lucro personal, sin pertenecer a fuerzas armadas oficiales ni representar a un Estado. Asimismo, tipifica como delitos el reclutamiento, la financiación, el entrenamiento y la utilización de estos actores, así como su participación directa en hostilidades o acciones que afecten el orden constitucional o la integridad territorial de los Estados. (Lea: Exportación de mercenarios colombianos: un estudio del caso bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre Mercenarios)

Obligaciones de los Estados y cooperación internacional

El instrumento impone a los Estados parte la obligación de prohibir estas prácticas, establecer sanciones penales y adoptar medidas para prevenir su ocurrencia. Además, promueve la cooperación internacional mediante el intercambio de información, la asistencia judicial, la extradición de responsables y la coordinación de acciones para evitar que estos delitos se preparen o ejecuten en sus territorios.

Alcance jurídico y aplicación en Colombia

La ley dispone que la Convención obligará a Colombia una vez se perfeccione el vínculo internacional, conforme a los procedimientos de ratificación. El instrumento es compatible con la Constitución Política, en particular con el principio del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado y la prohibición de grupos armados ilegales. Además, no genera impacto fiscal directo, según el análisis del Ministerio de Hacienda, aunque su implementación deberá ajustarse al marco presupuestal vigente

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