Jimmy Jiménez
Abogado y director del bufete Integrity Legal

La humanidad se encuentra en el umbral de un hito que redefinirá no solo nuestra supervivencia como especie, sino los cimientos mismos de la ciencia jurídica. Con el programa Artemis de la NASA en marcha y la colaboración estratégica de actores privados como SpaceX, el retorno a la Luna ha dejado de ser una aspiración científica para convertirse en un proyecto de habitabilidad permanente. Se proyecta que para el año 2028 se inicie la construcción de bases lunares estables; esto significa, en términos prácticos, seres humanos viviendo, trabajando y, eventualmente, reproduciéndose fuera de los límites de la atmósfera terrestre.

Este escenario nos plantea una pregunta que hoy suena a ciencia ficción, pero que en un par de décadas será una realidad procesal: ¿cuál será el estatuto jurídico del primer niño humano nacido en el espacio?

Históricamente, hemos acuñado el término “extraterrestre” para referirnos a entidades ajenas a nuestra biología. Sin embargo, estamos a escasos 10 o 20 años de presenciar el nacimiento de un ciudadano humano extraterrestre; un niño que, aunque comparta nuestro código genético, nacerá en un entorno de gravedad reducida y condiciones biológicas distintas.

Desde la perspectiva del Derecho Internacional y Civil, los interrogantes son abrumadores. ¿Qué ciudadanía ostentará ese menor? En la Tierra, nos regimos por los principios de ius soli (derecho de suelo) y ius sanguinis (derecho de sangre). Si el nacimiento ocurre en una base lunar bajo administración de una potencia extranjera o de una corporación privada, ¿aplicaremos por extensión la nacionalidad de los padres o asistiremos al nacimiento de la primera “ciudadanía lunar”?

Si bien el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 establece que el espacio no puede ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, la práctica suele estar sometida a las tensiones geopolíticas y los intereses de los líderes de turno. La construcción de asentamientos permanentes forzará una reevaluación de la propiedad privada y la posesión de territorios. ¿Será posible comprar o vender parcelas de suelo lunar? ¿Qué normativa regirá los contratos, los delitos cometidos en los módulos habitacionales o las sucesiones de bienes situados en el satélite?

Como abogados, nuestra obligación es anticiparnos. Los litigios del futuro no solo ocurrirán en despachos físicos; involucrarán conflictos de leyes espaciales, matrimonios entre “terrícolas” y “lunares”, y disputas sobre la jurisdicción aplicable en delitos trans-atmosféricos. La disparidad de criterios entre las potencias espaciales podría generar una inseguridad jurídica sin precedentes, si no empezamos a legislar con una visión prospectiva.

No podemos permitir que este avance tecnológico profundice las brechas de inequidad que ya sufrimos en la Tierra. Mientras el mundo observa con asombro los derroches de recursos en la carrera espacial, no debemos olvidar que el Derecho debe servir como herramienta de equilibrio. La colonización de la Luna debe traer beneficios reales para la humanidad y no convertirse en un nuevo escenario de exclusión y pobreza extrema.

El futuro es tan inquietante como fascinante. Los abogados colombianos debemos prepararnos para entender que el Derecho ya no tiene fronteras, ni siquiera las del cielo. El primer ciudadano extraterrestre está por nacer, y el sistema legal debe estar listo para recibirlo.

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