Cuando se demuestra que los miembros de la fuerza pública actúan de manera irregular en el cumplimiento de sus funciones durante un servicio oficial y descartan los procedimientos para los cuales han sido preparados, se confirma una falla del servicio, salvo que se logre probar una causa extraña. Así lo señaló el Consejo de Estado al declarar administrativamente responsable a la Nación por la muerte de una persona que, aunque estaba involucrado en el asalto a una entidad bancaria, no portaba armas y no representaba ningún riesgo para los policías que atendieron el caso. La Sección Tercera señaló que hubo actuación desproporcionada de los uniformados, pues su nivel de instrucción les debe permitir resolver situaciones sin tener que disparar sus armas (C. P. Mauricio Fajardo).