La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) inició un nuevo proceso sancionatorio ambiental contra la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., titular del proyecto “Construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero – Ituango”. La decisión se adoptó tras evidenciar presuntos incumplimientos en la ejecución de la obra, según el Concepto Técnico 2997 de 2026 elaborado por la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales. (Lea: Lecciones aprendidas del proyecto Hidroituango).

Incumplimientos en manejo de caudales y recursos naturales

Entre los hechos investigados se encuentran la falta de control de los caudales descargados aguas abajo de la presa mediante la regla de operación, así como la omisión de garantizar que dichos caudales sean equivalentes a los registrados en la estación Olaya. Asimismo, se identificaron incumplimientos en el aprovechamiento forestal de 59,82 hectáreas, junto con deficiencias en el rescate, ahuyentamiento y reubicación de fauna, además del manejo de germoplasma y especies en veda antes del ascenso del nivel del embalse.

Alcance del proceso y marco normativo

El proceso sancionatorio se activa cuando se determina un presunto incumplimiento de las obligaciones ambientales por parte del titular de la licencia. De acuerdo con la Ley 1333 de 1999, modificada por la Ley 2387 del 2024, la Anla dispone de un plazo máximo de cinco años desde la apertura del proceso para establecer la responsabilidad correspondiente. Este mecanismo busca verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las licencias ambientales.

Balance de procesos y sanciones en el sector

La entidad informó que Hidroituango acumula 29 procesos sancionatorios, de los cuales 20 permanecen activos y 9 han sido resueltos. En el sector eléctrico, el proyecto registra 2 procesos activos, mientras que Isagen tiene 13 y Enel 9. En 2025, la Anla impuso sanciones principalmente en Infraestructura (36), Hidrocarburos (30) y Minería (14), entre otros sectores. En el último año, la autoridad ha impuesto 124 sanciones y multas por $ 82.467 millones, lo que representa un incremento frente a periodos anteriores.

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