Este es el texto enviado a sanción presidencial del proyecto que busca la solución jurídica a los desmovilizados de grupos armados. La futura ley permitirá la creación de un acuerdo de contribución a la memoria histórica, como mecanismo de transición y complemento a los instrumentos jurídicos. Quienes se acojan al acuerdo podrán disfrutar de medidas especiales respecto a su libertad. Además, faculta al Presidente de la República para modificar la estructura orgánica de la Fiscalía General, la Procuraduría, la Defensoría y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entidades que contribuirán a la implementación de la ley.