La obligación de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) de garantizar y proteger el sistema de mérito en el empleo público incluye velar por el logro de la finalidad de las normas de carrera administrativa, sin que pueda escudarse en las actuaciones de las entidades territoriales donde se surta el concurso. Por tal razón, el Consejo de Estado amparó los derechos al debido proceso y a la igualdad de varias personas que se presentaron a un concurso y se les aplicó una prueba no relacionada con el cargo al cual aspiraban y por el cual concursaban. La Sección Segunda ordenó que se aplique a los actores la prueba con la que realmente se pueda apreciar su capacidad, idoneidad y adecuación al empleo al que aspiran, con el fin de establecer si efectivamente pueden desempeñar las funciones del mismo (C. P. Alfonso Vargas).