El Gobierno radicó un régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del sector defensa nacional. La propuesta indica que esta acción administrativa tendrá un objetivo resarcitorio y no será sancionatoria o punitiva. Además, se adelantaría independientemente de las acciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar. El Ministerio de Defensa argumenta que la acción contenciosa de reparación directa no es conveniente, porque resulta más costosa y demorada para obtener el resarcimiento patrimonial.