La Procuraduría General de la Nación señaló que la acción de tutela interpuesta por el gobernador Juan Carlos Abadía es improcedente, por existir otros medios de defensa judicial a los que podía acudir para hacer valer sus derechos y por el desconocimiento de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, que indica que este mecanismo no procede en contra de actos administrativos sancionatorios. Según el Ministerio Público, no existen ni se precisan en la demanda circunstancias que demuestren que hubo vulneración de derechos fundamentales en desarrollo del proceso disciplinario. La Procuraduría anunció que interpondrá un recurso de queja contra la decisión que negó la concesión de los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el auto que decretó la suspensión provisional de los efectos del fallo, teniendo en cuenta que la decisión se basa en una posible y no en una concreta violación de un derecho fundamental.