El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, señaló que la sentencia de tutela que amparó el derecho al debido proceso del gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, no era procedente, pues no se configuraba la existencia de un perjuicio irremediable. Por tal razón, le pidió a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura suspender de manera inmediata pero con carácter provisional los efectos de dicho fallo. Según el Ministerio Público, la decisión se sustentó en un argumento irreal, por cuanto la tipicidad de la conducta por la que fue investigado el mandatario seccional no se derivó de lo establecido en el Estatuto de Garantías Electorales, sino en el comportamiento disciplinario descrito en el Código Disciplinario Único.