Mediante resolución, la Procuraduría General de la Nación fijó las políticas de la actuación preventiva que realiza sobre la gestión contractual de las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones públicas o administran recursos del Estado. Entre otras, determinó la oportunidad de la actuación, el acompañamiento preventivo y los límites de la actuación. También estableció los requisitos para que el Ministerio Público solicite la revocatoria de actos administrativos precontractuales y contractuales y la suspensión de procesos de selección.