El Consejo Superior de la Judicatura revocó la tutela que amparó los derechos fundamentales del gobernador del Valle Juan Carlos Abadía, supuestamente vulnerados por la Procuraduría General de Nación al sancionarlo por 10 años por participación indebida en política. Según la Sala Disciplinaria, la sola imposición de sanción disciplinaria no constituye perjuicio irremediable y aunque el actor afirma que existe una limitación al derecho al buen nombre y se restringe su posibilidad de acceder a cargos públicos, se ha establecido que “el buen nombre es el que resulta de la propia conducta del servidor”. Además, procesalmente está establecido que el accionante puede acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para atacar la decisión, por lo que la tutela es improcedente (M. P. María Mercedes López Mora).