La normativa que instituye la vía gubernativa como presupuesto procesal debe ser inaplicada, por vía de la excepción de inconstitucionalidad, frente a la vulneración de derechos fundamentales de personas de la tercera edad. Así lo advirtió la subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Para la corporación, esa exigencia está justificada como mecanismo de seguridad jurídica para el ejercicio del derecho de defensa y garantía del adecuado funcionamiento de la administración. Sin embargo, frente a las personas de la tercera edad limita la eficacia material del derecho a la seguridad social e impide su definición judicial (C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren).