La Corte Constitucional reiteró que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es un mecanismo idóneo de defensa en los procesos de responsabilidad fiscal. Según la corte, cuando se cuenta con la posibilidad de demandar la nulidad y restablecimiento del derecho, la acción de tutela es improcedente como instrumento principal y definitivo para la protección de derechos presuntamente vulnerados. La tutela podría ser eventualmente procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, siempre que se acredite una vulneración tal de los derechos fundamentales que haga necesaria la intervención inmediata. De esta forma, negó la acción de tutela interpuesta por el ex secretario de Educación de Bogotá Abel Rodríguez Céspedes en un juicio de responsabilidad fiscal por la adquisición de un terreno destinado a la construcción de un plantel educativo (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).