El Ministerio del Interior y de Justicia radicó una iniciativa que permitiría al Presidente de la República nombrar al Fiscal General de la Nación. De aprobarse la propuesta de reforma constitucional, esta institución formaría parte del Ejecutivo. También se pide crear la Unidad de Investigación y Acusación para Aforados Constitucionales, que se encargará de investigar y acusar al Presidente de la República y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, entre otros altos funcionarios.