La Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que es deber del Estado establecer garantías reforzadas para la protección de quienes pronuncien discursos críticos o disidentes y enfatizó la obligación de facilitar el respeto por las voces críticas y opositoras, como lo debe demarcar un Estado democrático. El tribunal internacional hizo el pronunciamiento dentro del fallo que declaró a Colombia como responsable internacionalmente por la muerte del senador Manuel Cepeda Vargas ocurrida en 1994. Según lo estableció el máximo tribunal interamericano en el caso citado, las voces de oposición resultan imprescindibles para una sociedad democrática y reiteró que la libertad de expresión no protege solo la difusión de las ideas e informaciones favorables o inofensivas para el gobierno sino aquellas que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a un sector de la población. En el fallo, la corte dispuso que el Estado conduzca las investigaciones que permitan sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de Cepeda. La sentencia se notificó el pasado 21 de junio del 2010. Salvaron parcialmente el voto los jueces Manuel E. Ventura y Alberto Pérez.