El legítimo ejercicio de las funciones públicas prevalece frente a los derechos a la honra y al buen nombre de quienes los ponen en riesgo con su comportamiento, advirtió la Corte Constitucional. En su opinión, las aseveraciones de un servidor público en ejercicio de sus funciones no violan los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre del investigado, en cualquier ámbito. Sin embargo, si un empleado público difunde información falsa o errónea podrá ser sancionado, aclaró la Corte. En el caso concreto, la corporación tuteló el derecho al debido proceso del exalcalde de Buenaventura (Valle del Cauca), porque había sido suspendido del ejercicio de su cargo por un funcionario incompetente, luego de haber sido acusado por la contralora del municipio de ejercer actos de corrupción. No obstante, la Corte señaló que la contralora no desconoció el buen nombre y la honra del accionante al informar a una autoridad del comportamiento ilícito de este (M.P. Nilson Pinilla)