Ante el Consejo de Estado se radicó una demanda contra el acto administrativo que conformó la nueva terna para elegir Fiscal General y que quedó integrada por Viviane Morales, Carlos Arrieta y Juan Carlos Esguerra, por estimar que se hizo con falsa motivación, de forma irregular y desviando las atribuciones del Presidente de la República. Según el peticionario, el acto de postulación de los nuevos ternados debió ser firmado por el Ministro del Interior y no del Presidente de la República. Adicionalmente, señala que el Presidente sólo está facultado para presentar una terna y actualmente se han presentado dos. Explica también que luego de enviada la terna, la competencia del Ejecutivo se agota y no puede readquirirse por decisión autónoma del mandatario ni invocando intereses del Estado, o la colaboración armónica de los poderes públicos. Incluso, ni la corte está autorizada para instar al presidente a que confeccione y le envíe una nueva terna so pretexto de que la remitida no satisfizo los requerimientos extra constitucionales. Considera que se vulneró el debido proceso porque al conformar una nueva terna el mandatario intervino todo el procedimiento administrativo de selección en que actualmente se encuentra el organismo judicial electoral.