El Consejo de Estado indicó que la declaración de nulidad de un acto administrativo que, a su vez, impide revocar el restablecimiento del derecho por razones formales vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. De esta forma, la Sección Segunda amparó estos derechos y ordenó a un tribunal administrativo que se pronunciara sobre el ascenso de un docente en el escalafón nacional, derecho que fue negado por la presunta inexistencia de material idóneo, si bien el acto que impedía su reconocimiento fue declarado nulo. El Consejo explicó en qué consisten los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso y advirtió que, en términos generales, la declaratoria de nulidad de un acto administrativo con efectos particulares tiene como consecuencia el restablecimiento del derecho y la reparación integral del daño (C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila).