El Consejo de Estado recordó que existe una competencia compartida entre el legislador y el Ejecutivo para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. En esa medida, para fijar los salarios de los empleados del orden territorial, existe un régimen de competencia concurrente entre el Congreso, el Gobierno Nacional, las asambleas o concejos y los gobernadores o alcaldes. Por el contrario, la determinación del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales compete al Gobierno Nacional, de acuerdo con los parámetros señalados por el legislador, y no a las corporaciones públicas territoriales. De esta forma, el consejo anuló varias ordenanzas de la Asamblea Departamental del Quindío que creaban prestaciones extralegales (C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila).