El Consejo de Estado condenó a la Nación por privar injustamente de su libertad a un ciudadano al que se le acusó de matar a su esposa y herir a varios miembros de la fuerza pública. Los hechos sucedieron luego que un fiscal delegado de Medellín autorizara un allanamiento a la casa del investigado, diligencia que se practicó de manera irregular. La Sección Tercera señaló que el sindicado estuvo privado de manera injusta y arbitraria de la libertad por casi un año, y fue acusado de manera “siniestra” del homicidio de su propia esposa y de unas lesiones personales que fueron el producto de un estado de necesidad a la hora de proteger la vida e integridad de su núcleo familiar. Así las cosas, la acusación se produjo de manera errónea, con pruebas alteradas y testimonios falsos, por lo que el Consejo de Estado calificó dicho procedimiento como un “error craso” por parte de la Fiscalía y una vulneración a su dignidad humana, de donde se infiere una falla del servicio por generar un daño grosero, desproporcionado y flagrante. En consecuencia, ordenó una reparación simbólica en la que la entidad investigadora pidiera excusas públicas por los daños ocasionados al afectado y su familia (C. P. Enrique Gil Botero).