La Corte Suprema de Justicia reiteró que al elevar a la categoría de delito la corrupción del sufragante se busca castigar aquellos actos que atenten contra el libre albedrío que debe prevalecer y orientar en todo momento al elector frente a los comicios y de cara al candidato de su preferencia. Por tal razón, la Sala Penal condenó al representante a la Cámara por el Vaupés Fabio Arango Torres a 72 meses de prisión, luego que se demostrara que, el 27 de octubre del 2008 en la ciudad de Mitú, entregó a distintas personas pertenecientes a las comunidades indígenas la suma de $ 20.000 con el fin de apoyar al candidato de su vertiente política, José Leonidas Soto, para la gobernación del departamento (M. P. Augusto J. Ibáñez).