Con la consagración de faltas disciplinarias y de tipos penales nuevos o la agravación de los existentes no se garantiza la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud ni la prestación del derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional. Así lo estimó la Procuraduría General de la Nación al pedirle a la Corte Constitucional que declare inexequibles varios capítulos del Decreto 126 del 2010, expedido dentro de la declaratoria de emergencia social, que adoptó medidas disciplinarias y penales para la lucha contra la corrupción en el sistema. A juicio del Ministerio Público, si se hubieran aplicado los mecanismos administrativos y los distintos tipos de sanciones ya existentes, probablemente esta crisis no se hubiese dado o su gravedad sería mucho menor a lo que aduce el Gobierno Nacional.