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De la decisión no se deriva la exclusión del derecho de recibir cuidados paliativos, para brindarle una mejor calidad de vida.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de una mujer venezolana de la tercera edad solicitante de refugio.
Se emitieron varias órdenes que buscan reconstruir la confianza de las comunidades que suscribieron acuerdos individuales y colectivos.
No existe concordancia entre la grave violación de los derechos y la capacidad institucional y presupuestal para su garantía.
Se incurrió en omisión legislativa relativa al no incluirlos dentro del listado de las autoridades que pueden ser facultadas.
La decisión tiene efectos retroactivos generales, salvo en cuanto a transferencias no condicionadas efectivamente entregadas.
Para la Sala, la modificación se empleó de manera simbólica y, se interpreta como una acción afirmativa en favor de un grupo históricamente discriminado e invisibilizado.
