Esto se sabe del escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres

El pasado 3 de mayo, el exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, reveló detalles de una presunta trama de corrupción relacionada con las irregularidades en la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, que implicaría a altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Pinilla aseguró que, por orden de su entonces jefe, Olmedo López, entregó $ 3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $ 1.000 millones al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, con el fin de asegurar la aprobación de reformas del Gobierno en el Congreso. El dinero habría salido del contrato de los carrotanques, que derivó en una serie de investigaciones por parte de los entes de control. (Lea: Listo decreto que garantizaría agua potable en La Guajira)

“Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle […] La orden de proveeduría se hace el 12 de octubre del 2023, en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: Venga, hágame un favor, présteme $ 4.000 millones. Este contratista me presta los $ 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos el presupuesto”, afirmó Pinilla en declaraciones a medios de comunicación. (Lea: Tumban último decreto vigente de la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira)

Además de Olmedo López y los presidentes de la Cámara y el Senado, Pinilla dio a conocer que la consejera de Regiones, Sandra Ortiz, fue intermediaria para entregarle dinero a Name en una reunión concertada en Residencias Tequendama y que el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, podría estar involucrado en un presunto tráfico de influencias relacionado al caso.

Tras conocerse las denuncias, el presidente Gustavo Petro se pronunció: “Esos funcionarios, sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, porque ahí sí me dirían dictador con justa razón, de todas maneras deben salir por los indicios”.

Sin embargo, en la tarde de este lunes, la Presidencia de la República confirmó la salida del cargo de Ortiz, mientras que Idárraga, “luego de una conversación con el presidente Gustavo Petro, continuará en su cargo”.

Mesa técnica de coordinación

El Ejecutivo anunció una serie de medidas para identificar, documentar y enfrentar cualquier indicio de corrupción para posteriormente facilitar la actuación independiente y efectiva de la Fiscalía General de la Nación, para esto ordenó la formación de una “mesa técnica de coordinación” encargada específicamente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos. (Lea: UNGRD publica circular para preparación y alistamiento ante primera temporada de lluvias)

“Este equipo de alto nivel estará presidido por una dependencia especializada y contará con la participación de la Presidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y un grupo de auditores externos especializados en la materia”, comunicó Presidencia de la República, y aseguró que la ANDJE desempeñará un papel fundamental desde su competencia, prestando toda la colaboración que requiera la Fiscalía General de la Nación.

La mesa técnica también se encargará de que el Gobierno adopte un esquema de buenas prácticas de integridad corporativa. “Se garantizará el cumplimiento de los más altos estándares éticos y la colaboración plena con las autoridades competentes para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las esferas del Gobierno. El objetivo no es otro que asegurar procedimientos de verificación interna honestos y genuinos, con respuestas claras y categóricas frente a la corrupción”, finalizó el comunicado.

Ante este anunció, la Fiscalía General de la Nación emitió un boletín de prensa en el que expresa su apoyo a conformar una mesa técnica para investigar el escándalo de la UNGRD. “La Fiscalía General de la Nación aprecia la iniciativa presidencial de conformar una Mesa Técnica de Coordinación encargada específicamente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos”, indicó el ente acusador.

Además, consideró “de gran utilidad que se designe a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que preste toda la colaboración que requiera la Fiscalía General de la Nación, con el fin de fortalecer la lucha decidida contra la corrupción y la defensa de los recursos públicos”.

Presidentes del Congreso en la mira

En comunicados independientes, los presidentes de Senado y de la Cámara de Representantes rechazaron las afirmaciones de Sneyder Pinilla sobre los supuestos sobornos a cambio de agilizar las reformas del Gobierno.

Iván Name dijo que “en los más de 45 años de vida pública que me preceden dan cuenta de mi talante y proceder que hoy se pretende afectar desviando la atención de quien desangró del erario en cabeza de la institución de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo“.

Por su parte, Calle manifestó que no ha tenido relación alguna con dicho contrato ni con ninguna otra actividad similar, “es por eso que solicito a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto”.

Finalmente, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, anunció que ante la gravedad de los hechos denunciados por el exsubdirector de la UNGRD, el Ministerio Público iniciará las actuaciones disciplinarias pertinentes.

“Ordenar inicio de las actuaciones disciplinarias que sean pertinentes por los graves hechos denunciados en las últimas horas, en los que se mencionan presuntos actos delictivos y de corrupción que al parecer involucrarían a altas dignidades del órgano Legislativo, incluidos los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, así como a otros altos funcionarios del Estado”, dijo la procuradora. (Lea: Citado a control político Director de la Unidad de Gestión del Riesgo)

En este proceso Cabello solicitó “allegar un completo recaudo probatorio para esclarecer las denuncias ventiladas por Pinilla que hablan de la entrega de altas sumas de dinero como parte de sobornos entregados durante el desarrollo de procesos de contratación en el país”, dijo.

Así mismo, la PGN pidió celeridad en el desarrollo de las actuaciones que se inicien, para brindar una respuesta rápida y oportuna de lo sucedido a los ciudadanos.

¿Y las reformas?

Aún está por verse si los hechos denunciado afectarán el trámite de los proyectos del Gobierno, como la reforma pensional y la reforma laboral, que se encuentran actualmente en trámite, así como los anunciados el 1º de mayo por el jefe de Estado, que tienen como objetivo reactivar la economía del país. No será fácil el debate a las propuestas mientras los dos presidentes del Legislativo sean señalados en uno de los casos de supuesta corrupción más grave de este Gobierno.

Finalmente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció que abrió una indagación previa frente a las declaraciones de Pinilla, en las que aseguró que al menos 15 altos funcionarios estarían involucrados.

Asimismo, dio a conocer que, por sorteo, la indagación le correspondió al magistrado Francisco Javier Farfán Molina, encargado de analizar la información y determinar si inicia una investigación formal contra algún alto funcionario.

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