PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 029 DE 2010 CAMARA

“Por medio del cual se adiciona el Titulo VI a la ley 270 de 1996”

Bogotá, D. C., 07 de Septiembre de 2010
Doctor 
BERNER ZAMBRANO ERASO
Presidente Comisión Primera
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Ref.: Informe de Ponencia para primer debate al proyecto de ley numero 029 de 2010

Respetado Presidente Zambrano:

Atendiendo la honrosa designación hecha por usted de conformidad con el Acta No. 003 de la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional de la Honorable Cámara de Representantes y con base en lo establecido en los artículos 144, 150 y 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 029 de 2010 Cámara, “Por medio del cual se adiciona el titulo vi a la ley 270 de 1996”

Del Honorable Representante

MIGUEL GOMEZ MARTINEZ				
Ponente Coordinador					

OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

El propósito de la presente ley es evitar que la interinidad o la vacancia en algunos de los cargos más importantes dentro del Estado se prolonguen indefinidamente, en grave detrimento de la eficacia administrativa en general y la administración de justicia en particular, estableciendo un tiempo límite  y unas mayorías necesarias para la elección de dichos cargos.

La presente adición tiene por objeto facilitar el cumplimiento de las funciones Constitucionales que el ordenamiento les impone a las Altas Cortes respecto a la elección de altas dignidades a su cargo, con la prontitud, celeridad y eficiencia necesaria que dichas funciones exigen para el cabal funcionamiento de la justicia en Colombia, que en la actualidad evidencia la necesidad del proyecto que se presenta.

TRAMITE DEL PROYECTO

El presente Proyecto de Ley 029 de 2010 Cámara fue presentado por el Honorable Representante Miguel Gómez Martínez el día 27 de Julio de 2010 ante la Secretaria General de la Cámara de Representantes y repartido a la Comisión Primera el día 03 de Agosto de 2010, quien en conformidad con el Acta No. 003 de la Mesa Directiva y con base en lo establecido en los artículos 144, 150 y 156 de la Ley 5ª de 1992 designo como ponentes a los Honorables Representantes Miguel Gómez Martínez, Coordinador Ponente; Hernando Alfonso Prada Gil, Heriberto Sanabria Astudillo, Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, Jorge Enrique Rozo y Efraín Torres Monsalve.

CONSIDERACIONES GENERALES

El propósito de la presente ley es evitar que la interinidad o la vacancia en algunos de los cargos más importantes dentro del Estado se prolonguen indefinidamente, en grave detrimento de la eficacia administrativa en general y la administración de justicia en particular. La importancia de que cargos como el de Fiscal General de la Nación, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de cualquiera de las altas cortes y muchos otros sean ocupados en propiedad y no de forma interina es vital para el correcto funcionamiento del Estado. 

La justicia es un valor superior consagrado en la Constitución Política que debe guiar la acción del Estado y está llamada a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales  y a lograr la convivencia pacífica entre los colombianos. Dada la trascendencia de esta misión, la rama judicial debe garantizar eficacia administrativa y responsabilidad plena de quienes están encargados de investigar, instruir e impartir justicia.
La Fiscalía General de la Nación ejerce las funciones de investigación y acusación señaladas en la Constitución Política y en la ley. En el cumplimiento de las funciones jurisdiccionales previstas en ella, son aplicables a la Fiscalía los principios de la administración de justicia de que trata la Constitución Política, los tratados internacionales vigentes ratificados por Colombia, la ley estatutaria de la administración de justicia y las demás normas con fuerza de ley.

La administración de justicia en Colombia tiene un valor incalculable para el sistema democrático en la medida en que funciona como herramienta para garantizar los derechos, solucionar los conflictos y  asegurar la eficacia del sistema jurídico. Es por ello que la falta de ejercicio de la acción penal e investigación por parte del Fiscal General no solo imposibilita que se imparta justicia sino que también mina la confianza que tiene la sociedad en dicha institución. La ausencia por más de un año- de Fiscal General en propiedad es un grave síntoma que dificulta la eficaz y oportuna actividad de investigación e instrucción que debe desempeñar la Fiscalía General de la Nación. 

Las vacancias dentro de la rama judicial evidencian la necesidad de hacer la presente modificación. La interinidad e intolerable vacancia en ciertos cargos vitales para el funcionamiento del Estado  obedece en parte a una omisión legislativa, generada por la falta de rigor técnico en la creación de la ley, que está teniendo graves repercusiones en la administración de justicia al no contar el sistema judicial colombiano con un Fiscal General, ni con un Presidente en propiedad de la Corte Suprema de Justicia, ni con varios magistrados del Consejo de Estado por citar solo algunos preocupante ejemplos. 

Actualmente el Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el Presidente de la Republica. Dicha terna recibe previo estudio por parte de los magistrados quienes celebran audiencias para escuchar los candidatos y evaluar su idoneidad para el cargo, uno de los candidatos debe lograr una mayoría equivalente a las dos terceras partes de los votos de la corporación según lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 235. 
En concordancia con el numeral 6 del Artículo 235 de la Constitución Política de Colombia, la Corte Suprema de Justicia estableció en su reglamento interno que la mayoría necesaria para la elección del Fiscal requiere del voto favorable de las dos terceras partes de esa corporación. Esta mayoría calificada corresponde en la práctica a 16 votos de los 23 magistrados que integran la corporación en pleno.

El artículo en mención del acuerdo 06 de 2002 (reglamento interno de la Corte Suprema) dice así:

“El quórum para deliberar será la mayoría de los miembros de la Corporación. Las decisiones se tomarán por igual mayoría, salvo en los siguientes casos en los cuales se requerirá del voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de sus integrantes: elección de Presidente y Vicepresidente de la Corte, de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del Fiscal General de la Nación, de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los integrantes de las ternas para Magistrados de la Corte Constitucional, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República y Auditor de la Contraloría; las reformas al presente reglamento y los proyectos de ley de iniciativa de la Corte.”

Si bien el espíritu de la norma citada que establece una mayoría calificada o quórum especial es el de darle legitimidad y peso a la decisión que tome la Corte y trae consigo la idea referente a que las decisiones a su cargo no son cuestiones que se puedan decidir por mayorías si no que se toman por consensos, no se puede desconocer que la inadecuada  interpretación de estas reglas de consenso por parte de la Corte puede llevar en varios casos a mantener vacantes y sin titular los cargos de las distintas salas que componen las altas cortes y a mantener la interinidad indefinida en el caso del Fiscal General de la Nación.

La presente reforma tiene por objeto facilitar el cumplimiento de las funciones Constitucionales que el ordenamiento les impone a las Altas Cortes respecto a la elección de altas dignidades a su cargo, con la prontitud, celeridad y eficiencia  necesaria que dichas funciones exigen para el cabal funcionamiento de la justicia en Colombia, que en la actualidad evidencia la necesidad del proyecto que se presenta.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El presente proyecto de ley adiciona un capitulo al título VI a la actual Ley 270 de 1996 de Administración de Justicia que consta de dos (2) artículos con la vigencia. Dicho capitulo dispone las mayorías necesarias y los tiempos máximos para la elección y designación de las vacantes que en conformidad con la constitución y la ley le competen a las altas cortes de la Rama Judicial.

En cuanto a los tiempos máximos, las corporaciones que hace referencia el presente proyecto de ley no podrán tardar más de tres (3) meses para elegir o designar aquellas vacantes que la Constitución Política y la ley les confía. 

Por su lado, la mayoría necesaria para elegir o designar dichas vacantes, será, pasados dos (2) meses en que no se ha logrado la mayoría prevista por la ley o la reglamentación interna, la mitad mas uno de los miembros que en ese momento hagan parte de la corporación.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Si bien desde la radicación de este proyecto se han ocupado ya algunas vacantes dentro de las altas cortes de la rama judicial, aun preocupa los temas principales que dieron sustento a esta iniciativa legislativa; no solo es el tema de la constante interinidad de varios cargos que han de ser elegidos y designados por los magistrados de los altos tribunales, sino también la preocupación que suscita entre varios sectores la posible pelea entre dos bloques de magistrados, en el cual el mayoritario no logra imponerse en determinadas votaciones como es el caso de la elección el Fiscal General de la Nación.

Preocupa también para el accionar de la justicia Colombiana la salida próxima de cuatro de los magistrados de la Corte Suprema de justicia por vencimiento de sus respectivos periodos, en efecto, para el primero de octubre el magistrado Javier Osorio de la Sala de Casación Laboral, Cesar Julio Valencia magistrado de la Sala de Casación Civil y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Yesid Ramírez, magistrado de la Sala de Casación Penal, y por último, en noviembre el magistrado de la Sala de Casación Laboral Eduardo Adolfo López.

Una de las grandes preocupaciones radica en que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia lleva aproximadamente 11 meses intentando elegir el reemplazo de una de las magistradas de la Sala Laboral, Isaura Vargas sin lograr acuerdo alguno. Dicha elección ha supuesto un voto menos que resulta decisivo a la hora de elegir al Fiscal General de la Nación y en su momento al ternado para Contralor General de la Republica el cual duro tres meses.

Si para el final del periodo de los respectivos magistrados no se han designado las respectivas vacantes, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia quedaría con cinco vacantes, lo cual haría una tarea casi imposible el lograr una mayoría calificada con 19 magistrados al momento de elegir un Fiscal General en propiedad. Cabe recordar que para la elección de un magistrado, la sala plena del alto tribunal escoge de una lista de entre 5 y 15 candidatos, el candidato a ser elegido debe obtener una mayoría calificada; 16 de los 23 votos.

En la Sala Plena del Consejo de Estado quien desde hace año y medio tenía 9 vacantes ha logrado elegir ya 8 de las mismas, tres nuevas para la Sección Tercera por la actual congestión que maneja y uno para la Sección Primera, quedando pendiente sólo una vacante por cubrir, que sería el reemplazo de la magistrada Miriam Guerrero de la Sección Tercera, que en la actualidad está siendo ocupada por la Magistrada encargada Gladys Agudelo. 

Por su lado, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura lleva aproximadamente un (1) año sin elegir en propiedad al Director Ejecutivo de la Rama Judicial, persona encargada de manejar el presupuesto de la Justicia y cuya terna fue devuelta a principios del año presente argumentado que los candidatos postulados no cumplían con los requisitos exigidos para el cargo.

A continuación vemos como el problema aun persiste en varios sectores de la rama judicial como se demuestra actualizado en el siguiente cuadro:

Cargo	Tiempo en Vacancia	Sesiones/Votaciones	Titular Interino	Observaciones	
Fiscal General de la Nación	1 Año	19 Sesiones	Guillermo Mendoza (E)	Encargado desde la salida de Mario Iguaran	
Presidente Corte Suprema de Justicia
	7 Meses	-	Jaime Alberto Arrubla	Encargado por orden alfabético	
Magistrados Corte Suprema de Justicia	11 Meses	Más de 93 sesiones	1 Vacante	En Noviembre se van cuatro (4) magistrados	
Magistrados Consejo de Estado	18 Meses	Más de 25 sesiones	1 Vacante	Existían 9 magistraturas vacantes.	
Consejo Superior de la Judicatura - Director Rama Judicial	1 Año	-	Vacante	Maneja el presupuesto de la Justicia	
PROPOSICION FINAL

Por las anteriores consideraciones, solicitamos a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, dar primer debate al proyecto de ley 029 de 2010 Cámara, “Por medio del cual se adiciona el titulo vi a la ley 270 de 1996” con el pliego de modificaciones a continuación.

MIGUEL GOMEZ MARTINEZ				
Ponente Coordinador					

HERIBERTO SANABRIA ASTUDILLO			HUGO ORLANDO VELASQUEZ JARAMILLO
Ponente						Ponente

JORGE ENRIQUE ROZO RODRIGUEZ			EFRAIN TORRES MONSALVO
Ponente						Ponente

PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY NUMERO 029 DE 2010 CAMARA

“Por medio del cual se adiciona la ley 270 de 1996”

El Congreso de Colombia;

Decreta:

Artículo 1°. Adiciónese el Capítulo IV al Título VI de la Ley 270 de 1996 el cual quedará así:

CAPITULO IV

“De las mayorías necesarias y tiempos máximos para la elección de funcionarios  por parte  de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura y las demás corporaciones judiciales”.

Artículo 177 A. Las Corporaciones a que hace referencia este capítulo, no podrán tardar más de tres (3) meses en proveer los cargos que la Constitución Política y la ley confió a su elección. 

Artículo 177 B. Las mayorías requeridas para que las Corporaciones a las que hace referencia este capítulo elijan  los funcionarios que les corresponde según la Constitución y la Ley, son las determinadas en la norma o en la reglamentación interna de las respectivas Corporaciones. Si pasados dos (2) meses de encontrarse en la obligación constitucional y legal de elegir, no se ha alcanzado la mayoría prevista;  la mayoría necesaria para elegir, será la mitad mas uno de los votos de los miembros que en ese momento hagan parte de la Corporación.

Articulo 177 C El no cumplimiento del término señalado en el artículo 1º del presente titulo para proceder a la designación constitucional de los cargos referidos, constituirá falta grave, en los términos contenidos en los artículos 23, 25, 26, 27 del Código Disciplinario Único ley 734 de 2002. 

Articulo 2. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Ref.: Informe de Ponencia para primer debate al proyecto de ley numero 029 de 2010
De los Honorables Representantes, 

MIGUEL GOMEZ MARTINEZ				
Ponente Coordinador					

HERIBERTO SANABRIA ASTUDILLO			HUGO ORLANDO VELASQUEZ JARAMILLO
Ponente						Ponente

JORGE ENRIQUE ROZO	RODRIGUEZ			EFRAIN TORRES MONSALVO
Ponente						Ponente